La reciente declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la elección del Poder Judicial de la Federación en México ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria cuestionó la legitimidad de la OEA para inmiscuirse en asuntos internos del país, específicamente en el proceso de selección de los magistrados, y lanzó un enérgico "¿De dónde lo sacan?" al referirse al llamado de la organización a otros países latinoamericanos para no replicar el modelo mexicano.

Sheinbaum Pardo argumentó que la presencia de la OEA durante el proceso electoral se limitó a la observación del día de la votación, lo que, a su juicio, no les otorga la facultad de emitir juicios o recomendaciones sobre el sistema de elección en sí. La presidenta enfatizó que la OEA no tiene la autoridad para dictar cómo los países de la región deben conformar sus poderes judiciales, y mucho menos cuando los magistrados electos aún no han asumido sus cargos.

La crítica de la jefa del Ejecutivo se centra en lo que considera una extralimitación de funciones por parte de la OEA. Según Sheinbaum Pardo, la organización ha incursionado en terrenos políticos que no le competen, interfiriendo en la soberanía nacional de México. Este tipo de pronunciamientos, afirmó, no contribuyen al diálogo constructivo y generan tensiones innecesarias entre el organismo internacional y los Estados miembros.

La respuesta del gobierno mexicano no se limitará a las declaraciones públicas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) redactará una carta formal en la que expresará el desacuerdo del gobierno con las publicaciones emitidas por la OEA. En este documento, se detallarán los argumentos jurídicos y políticos que sustentan la posición mexicana y se reiterará la defensa de la soberanía nacional en materia de decisiones internas.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de que México abandone la OEA. Si bien la relación entre el gobierno mexicano y la organización atraviesa un momento de tensión, la presidenta considera que la permanencia en el organismo es importante para mantener el diálogo y la cooperación en temas de interés regional. Sin embargo, dejó claro que México no tolerará injerencias en sus asuntos internos y defenderá su soberanía ante cualquier instancia internacional.

La controversia generada por las declaraciones de la OEA pone de manifiesto la compleja relación entre los organismos internacionales y los Estados soberanos. El debate sobre los límites de la injerencia y la defensa de la autonomía nacional seguirá siendo un tema central en la agenda política de la región. El caso de México servirá como un precedente para futuras discusiones sobre el rol de la OEA y su capacidad para influir en las decisiones internas de los países miembros. Queda por ver cómo evolucionará la situación y qué impacto tendrá en la relación entre México y la organización en el largo plazo.