La aprobación de la reforma al Código Municipal del Estado marca un hito en la búsqueda de la igualdad de género dentro de la administración pública. No se trata simplemente de una cuota, sino de un cambio profundo que busca equilibrar la balanza y garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para acceder a puestos de decisión y contribuir con su talento y perspectiva al desarrollo de los municipios. La paridad de género en los nombramientos no solo es un acto de justicia, sino también una estrategia para enriquecer la toma de decisiones y construir gobiernos más representativos de la diversidad de nuestra sociedad. Imaginen la riqueza de ideas y la eficacia en la gestión pública cuando las voces de hombres y mujeres se entrelazan en la construcción de un futuro común.

Además, la equiparación salarial y de prestaciones económicas entre hombres y mujeres en la administración municipal es un paso fundamental para erradicar la discriminación histórica que ha relegado a las mujeres a un segundo plano en el ámbito laboral. Esta medida no solo reconoce el valor del trabajo de las mujeres, sino que también contribuye a cerrar la brecha salarial y a empoderarlas económicamente, lo que a su vez impacta positivamente en sus familias y en el desarrollo de la comunidad. Es un paso hacia la justicia social y la construcción de una sociedad más equitativa.

La creación de la Comisión de Participación Ciudadana en los Ayuntamientos es otro elemento crucial de esta reforma. Al dar voz a la ciudadanía en las decisiones públicas, se fortalece la democracia y se promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Esta comisión será un puente entre el gobierno y la sociedad, un espacio donde las inquietudes y propuestas de los ciudadanos sean escuchadas y tomadas en cuenta. Con ello, se construyen gobiernos más cercanos a la gente, más responsables y más eficaces en la atención de las necesidades de la comunidad.

Por otro lado, el llamado a la Secretaría de Educación para fortalecer las estrategias contra el acoso escolar es una respuesta urgente a una problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro estado. El bullying no es un juego, es una forma de violencia que deja profundas huellas emocionales y psicológicas en sus víctimas. Por ello, es fundamental que las escuelas se conviertan en espacios seguros y libres de violencia, donde se promueva el respeto, la empatía y la convivencia pacífica.

La capacitación del personal docente en la detección y atención del acoso escolar es esencial para poder intervenir de manera oportuna y efectiva. Asimismo, la participación activa de las familias es fundamental para crear un frente común contra el bullying. Padres, madres y tutores deben estar atentos a las señales de alerta y trabajar en conjunto con la escuela para proteger a sus hijos e hijas. Es una tarea conjunta, una responsabilidad compartida que requiere la suma de esfuerzos de toda la comunidad educativa. Solo así podremos construir una cultura de paz y respeto en nuestras escuelas y formar ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar de todos. El futuro de nuestros niños y niñas está en juego, y no podemos permitir que el acoso escolar les robe la oportunidad de desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial.