La diplomacia mexicana, una vez más, se encuentra en el ojo del huracán. Su tendencia a expresar "firmes rechazos" ante decisiones que no se ajustan a la narrativa gubernamental, se ha convertido en una constante preocupante. Mientras que la contundencia verbal se despliega ante fallos judiciales de otros países, la misma energía parece diluirse cuando se trata de condenar acciones que perjudican directamente a la comunidad migrante en Estados Unidos. Esta selectividad en la indignación no solo debilita la credibilidad del discurso diplomático, sino que también genera la percepción de una doble moral que prioriza la confrontación retórica sobre la defensa efectiva de los intereses nacionales.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre la demanda contra fabricantes de armas es un ejemplo paradigmático de esta dinámica. La decisión unánime del máximo tribunal estadounidense, desestimando la demanda interpuesta por el gobierno mexicano, ha sido recibida con un "firme rechazo" por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La SRE, en un comunicado plagado de ambigüedades, ha expresado su "desacuerdo" con la resolución, adoptando una postura que roza el intervencionismo en los asuntos internos de otro país. Resulta llamativo que la misma vehemencia no se haya empleado para condenar las políticas migratorias estadounidenses que vulneran los derechos de los mexicanos en el exterior.

Es importante recordar que la demanda, que buscaba responsabilizar a los fabricantes de armas por el tráfico ilícito hacia México, fue desestimada por falta de fundamentos jurídicos. La Suprema Corte argumentó que el gobierno mexicano no pudo demostrar la complicidad de las empresas en el tráfico ilegal de armas. Este revés judicial, previsible para muchos analistas, debería servir como una oportunidad para reflexionar sobre la estrategia legal y diplomática empleada en este caso. En lugar de aferrarse a un discurso de rechazo, sería más productivo enfocar los esfuerzos en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combatir el tráfico de armas desde su origen.

La insistencia en expresar "firmes rechazos" ante decisiones judiciales de otros países, mientras se guarda silencio ante las violaciones a los derechos de los migrantes mexicanos, genera una profunda contradicción en la política exterior. Esta incongruencia no solo erosiona la imagen de México en el escenario internacional, sino que también desvía la atención de los problemas reales que aquejan a la comunidad migrante. Es imperativo que la diplomacia mexicana abandone la retórica vacía y se centre en la defensa efectiva de los intereses nacionales, priorizando el bienestar de los mexicanos en el exterior y la construcción de una relación bilateral con Estados Unidos basada en el respeto mutuo y la cooperación.

La lucha contra el tráfico ilícito de armas es una tarea compleja que requiere de un enfoque integral y multidimensional. No basta con interponer demandas en cortes extranjeras. Es necesario fortalecer los mecanismos de control en las aduanas, combatir la corrupción en las instituciones de seguridad y promover la cooperación internacional para desarticular las redes de tráfico de armas. Solo a través de una estrategia integral y coordinada se podrá lograr un impacto real en la lucha contra este flagelo que tanto daño causa a la sociedad mexicana.

La reacción de la SRE ante el informe de la OEA sobre las elecciones judiciales es otro ejemplo de la tendencia a rechazar cualquier crítica externa. El informe, que señalaba deficiencias en el proceso electoral y recomendaba no replicar el modelo mexicano en otros países, fue recibido con un "firme rechazo" por parte de la cancillería. Esta actitud defensiva impide una autocrítica constructiva y limita la posibilidad de mejorar los procesos democráticos en el país. Es fundamental que el gobierno mexicano esté abierto al escrutinio internacional y que utilice las recomendaciones de organismos como la OEA para fortalecer la transparencia y la imparcialidad de las elecciones.