La sombra de la impunidad se cierne nuevamente sobre Argentina. El caso de Sofía Fernández, la joven estudiante de enfermería víctima de un brutal transfeminicidio en abril de 2023, ha vuelto a estremecer los cimientos de la sociedad. Tras la aparente calma que siguió a la detención de diez policías involucrados en su muerte, la noticia de su liberación ha desatado una ola de indignación y dolor. La promesa de justicia, que parecía cercana, se diluye ahora en un mar de interrogantes y desconfianza hacia un sistema que, una vez más, parece fallarle a las víctimas de la violencia.

Recordemos los hechos: Sofía, llena de sueños y con un futuro prometedor por delante, fue detenida el 8 de abril de 2023 en la comisaría Pilar 5° bajo la acusación de un supuesto robo, cuyos detalles aún permanecen en la nebulosa. Lo que sí sabemos es que, tras ser ingresada en una celda, se le informó de un futuro traslado a una unidad con capacidad para personas transgénero. Un traslado que nunca se materializó. Horas después, Sofía fue hallada sin vida. La versión oficial inicial apuntó a un suicidio, una explicación rápida y conveniente que pretendía cerrar el caso con la misma celeridad con la que se apagó la vida de la joven.

Sin embargo, la verdad, como a menudo ocurre, se resistía a ser enterrada. La Fiscalía de Buenos Aires, gracias a una exhaustiva investigación, desmontó la farsa del suicidio. Las pruebas revelaron una realidad escalofriante: Sofía no se quitó la vida, se la arrebataron. Excoriaciones, lesiones traumáticas y objetos en la vía aérea superior, señales inequívocas de una muerte violenta y dolorosa, marcada por convulsiones y vómitos producto de la anoxia. Un escenario de horror que, según los peritos, requirió la participación de al menos tres personas.

La investigación apuntó a tres policías: Carlos Rodríguez, Yesica Isabel y Edith Ruiz, cuya implicación en el crimen se confirmó gracias al análisis de sus teléfonos móviles, revelando un claro contexto de odio hacia la identidad de género de Sofía. A estos tres se sumaron otros siete agentes de la misma comisaría, acusados de falsificación de documentos, falso testimonio y encubrimiento agravado. Diez policías, diez representantes de la ley, implicados en la muerte de una joven indefensa.

Con las pruebas sobre la mesa, la justicia parecía al alcance de la mano. Pero la realidad, una vez más, nos golpea con su crudeza. A pesar de la gravedad de los hechos, a pesar del dolor de una familia destrozada y del clamor de una sociedad que exige justicia, las autoridades argentinas han concedido la libertad a todos los implicados mientras se desarrolla el proceso judicial. Un proceso que, por diferentes motivos, se alarga en el tiempo, alimentando la angustia y la incertidumbre.

La liberación de los acusados ha reabierto la herida, reavivando el dolor de la familia de Sofía y de toda la comunidad LGBT+, que se ha movilizado en las calles para exigir justicia y un proceso transparente que condene a los responsables de este atroz crimen. Un crimen que trasciende las fronteras de Argentina y se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de las personas transgénero, un grito desesperado que nos recuerda la larga lucha que aún queda por recorrer para alcanzar una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa con la diversidad. El caso de Sofía Fernández no puede quedar impune. Su memoria, y la de todas las víctimas de la violencia, nos exige seguir luchando por un futuro donde la justicia y la igualdad sean una realidad para todos y todas.