La crisis familiar en Nayarit se refleja en los tribunales. Una alarmante cifra revela la magnitud del problema: cuatro de cada diez casos que llegan al Poder Judicial del estado giran en torno a conflictos familiares, violencia intrafamiliar y el doloroso abandono de las responsabilidades parentales, principalmente el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esta preocupante realidad, compartida por la Magistrada Presidenta del Poder Judicial, Aracely Ávalos Lemus, pone de manifiesto la profunda necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo y prevención en el ámbito familiar.

La carga de trabajo que soporta el Poder Judicial nayarita es considerable. Con una entrada mensual promedio de tres mil asuntos, y un acumulado de 13,839 casos entre enero y mayo del presente año, la Presidenta Ávalos Lemus reconoce el reto que implica resolver estos conflictos de manera ágil y eficaz. “Lo asumimos con mucha responsabilidad”, afirmó, “y estamos conscientes de que se requiere trabajar aún más para agilizar los procesos y brindar soluciones en el menor tiempo posible”. Esta declaración subraya el compromiso de la institución con las familias nayaritas y la búsqueda de justicia pronta y expeditiva.

Un dato alentador en medio de este panorama es la baja incidencia de casos relacionados con adolescentes. La Magistrada Ávalos Lemus informó que el juzgado especializado atendió solo nueve asuntos en mayo, dos relacionados con violencia familiar y tres con delitos contra la salud. Si bien la cifra es relativamente baja, la atención a la problemática adolescente sigue siendo crucial para prevenir futuros conflictos y garantizar el desarrollo integral de los jóvenes.

En otro orden de ideas, el Poder Judicial nayarita ha asumido recientemente la responsabilidad del registro de deudores alimentarios, una función previamente a cargo del Registro Civil. Esta transición, producto de una reforma legal, representa un paso importante en la lucha contra el incumplimiento de las obligaciones parentales. Hasta mayo, se contabilizaban 215 deudores alimentarios en la entidad. Se espera que con la centralización de esta información en el Poder Judicial se logre una mayor eficiencia en la aplicación de las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia.

Es fundamental recordar que la obligación legal de proporcionar pensión alimenticia no se limita a la mayoría de edad del hijo o hija. La responsabilidad se extiende hasta que el joven culmine sus estudios, lo que implica un compromiso a largo plazo que debe ser asumido con responsabilidad. La Presidenta Ávalos Lemus hizo hincapié en este punto, recalcando la importancia de garantizar el bienestar de los jóvenes hasta que logren su independencia económica a través de la educación.

La situación actual en Nayarit nos invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los lazos familiares y promover una cultura de responsabilidad. La justicia, si bien es fundamental, no es la única solución. Se requiere un trabajo conjunto entre las instituciones, la sociedad civil y las familias para prevenir los conflictos, fomentar la comunicación y construir un entorno donde prevalezca el respeto, la armonía y el compromiso con el bienestar de todos sus miembros.