La fórmula aragonesa, ese eco resonante de un pacto ancestral entre el poder y el pueblo, "Nos, que somos y valemos tanto como, pero juntos más que vos, os hacemos Principal, Rey y Señor entre los iguales, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no", nos interpela desde el pasado con una fuerza inusitada. No se trata de una mera reliquia histórica, un fósil jurídico desprovisto de vigor. Al contrario, palpita en ella la esencia misma del pacto social, la semilla de la democracia que, germinando en el fértil terreno del medievalismo, florece con renovada fuerza en nuestros días. Es la voz del cuerpo jurídico medieval que Paolo Grossi, con la agudeza que caracteriza a los grandes juristas, nos enseñó a escuchar: un organismo complejo, una red intrincada de relaciones donde cada hebra, cada nudo, cada parte, contribuye a la cohesión y fortaleza del conjunto.

Imaginemos la escena: la solemnidad del acto, la tensión en el aire, la firmeza de las palabras que sellan un acuerdo trascendental. El rey, símbolo del poder, se somete a la voluntad del pueblo, representado en las Cortes, y ante la mirada vigilante del Justicia. No es una concesión graciosa, sino un reconocimiento explícito de la soberanía popular, una declaración implícita de que el poder reside en última instancia en el pueblo. "Si no, no". La contundencia de la negativa, la fuerza de la condición, nos habla de la capacidad de la sociedad para autogobernarse, para limitar el poder y defender sus derechos.

Este principio fundamental, aunque arraigado en la tradición monárquica, resuena con fuerza en las democracias contemporáneas. El poder, delegado por el pueblo a sus representantes, no es absoluto ni incondicional. Está sujeto al cumplimiento de las leyes, al respeto de los derechos fundamentales, a la voluntad popular expresada en las urnas. Y si el pacto se rompe, si el poder traiciona la confianza depositada en él, el pueblo tiene el derecho, y la obligación, de retirárselo.

La anécdota de Churchill y su asistente Colville ilustra con maestría esta idea. La figura del viejo león, símbolo de la resistencia británica durante la guerra, se empequeñece ante la grandeza de la institución. Los primeros ministros van y vienen, las circunstancias cambian, pero la maquinaria del Estado, el cuerpo de funcionarios que lo sostiene, permanece. Es la columna vertebral del sistema, el garante de la continuidad y la estabilidad.

En este contexto, la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobra una relevancia singular. Se trata de un cambio profundo, una transformación que, sin duda, dejará una huella indeleble en el panorama jurídico del país. La renovación de los integrantes del Pleno conlleva una enorme responsabilidad. No se trata simplemente de ocupar un puesto, sino de heredar un legado, de continuar una tradición de respeto a los derechos fundamentales, de construir sobre los cimientos de una Corte que, con aciertos y errores, ha contribuido a la consolidación del Estado de Derecho.

Es fundamental que los nuevos magistrados reconozcan la importancia del precedente, la fuerza del cuerpo jurídico acumulado a lo largo de los años. No se trata de romper con el pasado, sino de aprender de él, de extraer las lecciones que nos permitan avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. La justicia, como el Estado, es un organismo vivo, en constante evolución. Cada nueva generación de juristas tiene la responsabilidad de nutrirlo, de fortalecerlo, de adaptarlo a las nuevas realidades, pero siempre con la mirada puesta en los principios fundamentales que lo sustentan. El respeto a la ley, la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales, son los pilares sobre los que se debe construir el futuro de la Suprema Corte, y del país.