La tragedia que envolvió a Comonfort, Guanajuato, el pasado 29 de abril, nos confronta con la cruda realidad de la violencia de género en México. El feminicidio de Blanca Estela Vázquez Tovar, cariñosamente conocida como Jovita, deja al descubierto no solo la brutalidad del acto, sino también las fallas sistémicas que permitieron que esta historia de terror se escribiera. Una mujer con discapacidad intelectual, de 54 años, fue perseguida y asesinada a plena luz del día, en la plaza principal del municipio, tras una persecución que se prolongó por angustiosos minutos. Imaginen la desesperación de Jovita, corriendo por su vida, buscando refugio en un espacio público que debería garantizar su seguridad.

La reconstrucción de los hechos, a partir de los testimonios de la familia y la información de la Fiscalía, pinta un panorama desolador. Luis Daniel "N", empleado de la panadería familiar, irrumpe en su hogar, la amenaza con un machete y desata el pánico. Dos llamadas a la policía, dos súplicas de auxilio que se pierden en el vacío. Jovita huye, recorre 350 metros de terror, toca puertas, pasa frente a una comandancia… ¿y nadie la ayuda? Incluso intenta refugiarse en la antigua presidencia municipal, pero el acceso le es negado. Finalmente, encuentra un precario escondite en una farmacia de la plaza principal, donde el agresor la alcanza y le arrebata la vida con una piedra.

La indignación se mezcla con la impotencia. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI una mujer sea perseguida y asesinada en un espacio público, ante la aparente indiferencia de las autoridades? La familia denuncia la falta de respuesta de la policía, la inacción ante las llamadas de auxilio, la minimización de los hechos por parte del gobierno municipal. Acusan omisiones estructurales, un sistema que falla en proteger a las mujeres, que las deja a merced de la violencia.

El caso de Jovita no es un hecho aislado. Es un reflejo de la violencia machista que permea nuestra sociedad, que se ensaña con las mujeres, especialmente con las más vulnerables. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque frías, nos hablan de una realidad estremecedora: cientos de mujeres víctimas de feminicidio y homicidio doloso en lo que va del año. Guanajuato, aunque reporta un número relativamente bajo de feminicidios, lidera la cifra de mujeres víctimas de homicidio doloso, una estadística que nos obliga a preguntarnos qué está fallando. ¿Se están clasificando correctamente los delitos? ¿Se está invisibilizando la violencia de género bajo otras etiquetas?

El clamor de justicia de la familia de Jovita se une al de los colectivos feministas que exigen un alto a la impunidad. Exigen que se investiguen las omisiones de las autoridades, que se implementen políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género, que se garantice la seguridad de las mujeres. El caso de Jovita debe ser un punto de inflexión, un llamado a la acción para construir una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, donde sus vidas sean valoradas y protegidas. No podemos permitir que la historia de Jovita se repita. No podemos permitir que su nombre se sume a la larga lista de mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Su memoria nos exige justicia, nos exige un cambio.