La noticia de una disminución del 25.8% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, anunciada por Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, inyecta una dosis de optimismo en el panorama nacional. La cifra de 64.5 homicidios diarios en mayo, 22 menos que en 2024, representa un avance significativo en la lucha contra la violencia. Aún más impactante es la comparativa con el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 86.9 homicidios diarios, lo que subraya una reducción considerable en tan solo ocho meses.

Sin embargo, la concentración del 51.6% de los homicidios en siete estados (Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Jalisco) entre enero y mayo de 2025, nos recuerda la complejidad del desafío. La mención específica de estos estados pone de manifiesto la necesidad de estrategias focalizadas y una mayor coordinación entre las autoridades federales y estatales. Es crucial analizar las particularidades de cada región para implementar medidas efectivas que aborden las causas raíz de la violencia.

El caso de Guanajuato, con un incremento del 34.8% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, ilustra la volatilidad de la situación. Si bien la tendencia a la baja registrada a partir de marzo, atribuida a operativos y detenciones de generadores de violencia por parte de las Fuerzas Federales de Seguridad, es alentadora, se requiere una vigilancia constante para consolidar estos logros y evitar un repunte. La eficacia de las intervenciones a largo plazo dependerá de la capacidad del Estado para mantener la presión sobre los grupos criminales y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia.

La disminución generalizada en los delitos de alto impacto, con excepción de la extorsión, ofrece un panorama esperanzador. La reducción del feminicidio en un 24.4%, de las lesiones dolosas por arma de fuego en un 27.1% y del secuestro en un impresionante 72.8%, son indicadores de que las estrategias implementadas están dando resultados. Asimismo, la baja en los robos con violencia (48%), a casa habitación con violencia (51.5%), de vehículos con violencia (41.2%), a transportistas con violencia (54%), a transeúntes con violencia (45.7%) y a negocios con violencia (55.6%), refleja una mejora en la seguridad ciudadana.

No obstante, la persistencia del delito de extorsión exige una atención especial. Es fundamental comprender las dinámicas de este delito, que a menudo afecta a pequeños comerciantes y empresarios, para diseñar estrategias que protejan a las víctimas y desmantelen las redes criminales que lo perpetran.

En definitiva, si bien las cifras presentadas son alentadoras, la lucha contra la delincuencia requiere un esfuerzo continuo y adaptable. La colaboración entre las distintas instancias de gobierno, la participación ciudadana y la implementación de políticas públicas integrales son claves para consolidar los avances logrados y construir un país más seguro para todos. El desafío es grande, pero los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que es posible avanzar hacia un futuro con menos violencia.