El fantasma de la inflación vuelve a acechar los bolsillos de los mexicanos. Por segundo mes consecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido no aplicar el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al Diésel, dejándolos expuestos al 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto significa un duro golpe para la economía familiar, especialmente para aquellos que dependen de sus vehículos para el trabajo, el transporte diario o actividades esenciales. Con el precio del litro de Magna rondando los 23.42 pesos a nivel nacional, según datos de PETROIntelligence al 10 de junio de 2025, se encienden las alarmas sobre el impacto que esta medida tendrá en la canasta básica y el costo de vida en general.

La situación se vuelve aún más compleja al analizar las variaciones regionales. Mientras que en la CDMX el litro de Magna se ubica en 23.44 pesos, en Jalisco asciende a 23.85 pesos y en Nuevo León a 23.80 pesos. Estas diferencias, aunque parezcan mínimas, se acumulan con el tiempo y representan un gasto considerable para los consumidores. La gasolina Premium, menos afectada por la falta de estímulo, se mantiene en un rango de precio superior, alcanzando los 25.47 pesos de media nacional, pero con picos de hasta 27.01 pesos en Nuevo León. Esta disparidad de precios, ¿refleja realmente las condiciones del mercado o existen otros factores que influyen en su determinación? La pregunta queda en el aire, alimentando la incertidumbre y el debate entre los expertos.

El Diésel, combustible esencial para el transporte de mercancías y la industria, también sufre las consecuencias de la ausencia del estímulo fiscal. Con un precio promedio nacional de 25.76 pesos por litro, se teme un efecto dominó en la cadena de suministro, que podría traducirse en un aumento en el precio de productos y servicios básicos. Imaginemos el impacto en el sector agrícola, donde el diésel es fundamental para la maquinaria y el transporte de los alimentos. ¿Veremos un incremento en el precio de las frutas, verduras y otros productos de primera necesidad?

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha intensificado sus operativos de verificación en gasolineras de todo el país. Su objetivo es garantizar que los precios sean justos y que no se cometan abusos por parte de los expendedores. Sin embargo, la vigilancia por sí sola no soluciona el problema de fondo: la falta de estímulo fiscal y la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

Por otro lado, el gas natural vehicular, una alternativa más económica y amigable con el medio ambiente, se presenta como una opción viable para algunos automovilistas. Con precios que oscilan entre los 10.99 y los 13.99 pesos por litro, representa un ahorro significativo en comparación con la gasolina y el diésel. Sin embargo, la infraestructura para la recarga de gas natural aún es limitada en muchas zonas del país, lo que dificulta su adopción masiva.

En definitiva, la situación actual de los precios de los combustibles en México genera preocupación e incertidumbre. La falta de estímulo fiscal, la variación regional de precios y la constante amenaza de la inflación, pintan un panorama complejo para los consumidores. ¿Tomará el gobierno medidas adicionales para mitigar el impacto en la economía familiar? ¿Se explorarán alternativas para diversificar la matriz energética y reducir la dependencia del petróleo? El futuro de la movilidad y la economía del país dependen, en gran medida, de las respuestas a estas preguntas.