El pasado domingo, el supuesto ejercicio democrático de elegir a los nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desdibujó ante la mirada atónita de la ciudadanía. Lo que se pregonaba como una fiesta cívica, una muestra de la voluntad popular, se transformó en una parodia, una burla a las instituciones y un insulto al intelecto colectivo. La apatía ciudadana, reflejada en la bajísima participación, no fue un hecho aislado, sino la respuesta contundente a un proceso viciado desde su concepción. Fue un grito silencioso, un rotundo "no" a la manipulación y al control. ¿Acaso se puede hablar de democracia cuando los candidatos son seleccionados a dedo por la cúpula del poder? ¿Cuándo sus méritos no se miden en base a su trayectoria y conocimiento jurídico, sino por su lealtad y obediencia al partido gobernante? La respuesta es obvia: no. Se nos presentó una lista de nombres, desconocidos para la mayoría, sin un historial que los respaldara, sin una voz propia que resonara con las necesidades de la justicia.

La farsa se extendió hasta las casillas, donde la desinformación reinaba. Ciudadanos confundidos, sin la información necesaria para tomar una decisión consciente, se veían obligados a recurrir a los "acordeones", esos panfletos repartidos con descaro, que dictaban el voto a cambio de favores. ¿Es eso democracia? ¿Es eso lo que queremos para nuestro país? La elección judicial se convirtió en una vulgar operación clientelar, una muestra más del desprecio que el régimen siente por la verdadera participación ciudadana.

La comunidad internacional, testigo de esta pantomima, no pudo guardar silencio. Organismos como la OEA alzaron la voz, expresando su preocupación por la falta de garantías y la evidente manipulación del proceso. Pero como siempre, la respuesta del gobierno fue la misma: nacionalismo barato, acusaciones infundadas de intervencionismo y una negación sistemática de la realidad. Un guion repetido hasta la saciedad que ya no convence a nadie.

Las consecuencias de esta elección amañada son devastadoras para el futuro de nuestra nación. Una Suprema Corte de Justicia plegada a los deseos del Ejecutivo, sin autonomía ni independencia, representa una amenaza directa al Estado de derecho. El equilibrio de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia, se tambalea peligrosamente. La Constitución, otrora garante de nuestros derechos, se convierte en letra muerta, sujeta a la interpretación arbitraria del gobernante de turno. Se abre la puerta al autoritarismo, a la concentración del poder y a la supresión de las voces disidentes.

El panorama es desalentador, pero no podemos permitirnos caer en la resignación. Debemos alzar la voz, denunciar las irregularidades, exigir transparencia y defender la independencia del Poder Judicial. El futuro de nuestra democracia está en juego. La lucha por un país justo y libre no ha terminado, apenas comienza. No podemos ser cómplices de este desmantelamiento institucional, no podemos callar ante la imposición de un régimen autoritario. Es nuestro deber, como ciudadanos, defender las instituciones que con tanto esfuerzo se han construido. El silencio nos hace cómplices, la acción nos hace libres. El futuro de México depende de la valentía con la que enfrentemos este desafío.