La sombra del autoritarismo se cierne sobre México. Lo que se anunció como una fiesta democrática, una modernización del sistema judicial, ha resultado ser un funeral. El funeral de la justicia independiente, del Estado de derecho, de la separación de poderes. La Suprema Corte de Justicia, otrora baluarte contra los excesos del poder, ha sido reducida a una mera extensión del Ejecutivo. Nueve ministros, elegidos no por su trayectoria, no por su conocimiento del derecho, sino por su obediencia ciega al régimen, ocupan ahora la totalidad de los escaños. Un poder absoluto que se ufana de su “éxito”, mientras la verdadera victoria, la del pueblo, la de un sistema judicial imparcial, yace muerta y enterrada bajo el peso de la manipulación y el engaño.

La abstención masiva, superior al 70% del padrón electoral, es un grito silenciado, un testimonio del profundo desencanto ciudadano. Ni la propaganda oficialista, ni las promesas vacías de una “justicia popular”, pudieron ocultar la farsa. El pueblo, en su sabiduría colectiva, reconoció la trampa, el fraude consumado desde la concepción misma de esta reforma judicial perversa. Una reforma gestada en las sombras, impulsada con la fuerza de la maquinaria política, y ejecutada con la precisión de un cirujano que disecciona un cuerpo, no para sanarlo, sino para dominarlo.

Las palabras de la recién nombrada ministra, María Estela Ríos, resuenan como una sentencia lapidaria: la idea del “contrapeso” está rebasada. Una declaración que desnuda la verdadera intención del régimen: no se busca justicia, se busca obediencia. Los jueces, convertidos en meros títeres del poder, ya no serán guardianes de la Constitución, sino ejecutores de la voluntad presidencial. La ley, en lugar de ser un escudo protector para los ciudadanos, se transforma en un arma arrojadiza en manos del poder.

El futuro se presenta sombrío, desolador. El desmantelamiento del Estado de derecho no es una amenaza lejana, es una realidad palpable. Los que nos dedicamos al ejercicio del derecho lo sabemos, lo sentimos en la piel. No se trata de una simple transformación institucional, se trata de la demolición sistemática de los cimientos mismos de nuestra República. Cada tribunal, cada juzgado, cada ministerio público, se convertirá en una pieza más de esta maquinaria de control, donde la justicia se imparte no en base a la ley, sino en base a las órdenes dictadas desde el poder.

Y la ciudadanía, despojada de su último recurso de protección, quedará a merced de la arbitrariedad. Sin jueces imparciales que la defiendan, sin leyes que la amparen, solo le quedará el silencio cómplice, la resignación ante el abuso.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en el Ejecutivo. Los verdaderos artífices de este magnicidio jurídico son los legisladores, esos hombres y mujeres que traicionaron su juramento, que se convirtieron en cómplices del poder, que vendieron su alma al diablo a cambio de migajas de poder. Ellos son los que, con su voto a favor de esta reforma perversa, han cavado la tumba de la justicia en México. Ellos son los que celebraron con cinismo la coronación de la tragedia, los que izaron banderas donde debieron guardar luto. Como los Idus de Marzo que marcaron el fin de la República Romana, este acto de traición marcará un antes y un después en la historia de nuestro país.

La historia, sin embargo, no olvida. Y el tiempo, juez implacable, se encargará de juzgar a los culpables. Lo que hoy se presenta como un triunfo, mañana será recordado como una ruina. La justicia, aunque yaga en su ataúd, resucitará. Y cuando los ciudadanos, desprovistos de toda protección legal, sufran en carne propia las consecuencias de este acto de barbarie jurídica, entenderán que lo que se perdió no fue una elección, ni una reforma, sino la República misma. La justicia, tarde o temprano, se abrirá paso entre las sombras, y los responsables de este magnicidio tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de la historia.