La diplomacia mexicana parece haberse enfrascado en una estrategia de "firmes rechazos" que, si bien pueden sonar contundentes en el discurso interno, poco impacto real tienen en el escenario internacional. El reciente revés en la Suprema Corte de Estados Unidos respecto a la demanda contra fabricantes de armas es un claro ejemplo de esta tendencia. Más allá de la legítima frustración por el fallo, la enérgica reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), calificando la decisión como intervencionista, deja entrever una falta de comprensión del sistema legal estadounidense y una preocupante desconexión con la realidad jurídica del caso.

Es innegable que el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México alimenta la violencia y el crimen organizado en nuestro país. Sin embargo, la estrategia legal emprendida por el gobierno mexicano parecía, desde su inicio, enfrentarse a obstáculos insalvables. La ley estadounidense protege a los fabricantes de armas, y la Suprema Corte, en una decisión unánime que incluyó a jueces de todas las ideologías, simplemente aplicó la legislación vigente. La insistencia de México en acusar a las empresas de "ayudar o alentar" el tráfico ilegal, sin presentar pruebas contundentes, era una apuesta arriesgada con pocas posibilidades de éxito.

La reacción de la SRE, con su "firme rechazo" y acusaciones de intervencionismo, no solo resulta ineficaz, sino que podría incluso ser contraproducente. En lugar de tender puentes y buscar la colaboración con Estados Unidos para abordar el problema del tráfico de armas, este tipo de declaraciones generan tensión y dificultan el diálogo constructivo.

Es fundamental que México replantee su estrategia y busque vías más efectivas para combatir el flujo de armas ilegales. Esto implica, por un lado, fortalecer la cooperación con las autoridades estadounidenses, compartiendo información y trabajando conjuntamente para desmantelar las redes de tráfico. Por otro lado, es crucial redoblar los esfuerzos internos para combatir la corrupción en las aduanas, que facilita la entrada de armamento al país.

La "firmeza" en el discurso debe ir acompañada de acciones concretas y estrategias realistas. De nada sirve manifestar "rechazos" si no se implementan políticas eficaces que aborden la raíz del problema. En el caso del tráfico de armas, la solución no se encuentra en los tribunales estadounidenses, sino en la cooperación bilateral, el fortalecimiento de las instituciones mexicanas y la lucha frontal contra la corrupción.

El mismo patrón de "firme rechazo" se observa en la reacción de la Cancillería al informe de la OEA sobre las elecciones judiciales. Si bien es legítimo discrepar con algunas de las recomendaciones, la respuesta del gobierno mexicano parece más enfocada en descalificar el informe que en analizar sus conclusiones y buscar áreas de mejora. La baja participación ciudadana en las elecciones judiciales y las preocupaciones sobre la transparencia del proceso son temas que merecen una reflexión seria y un compromiso real para fortalecer la democracia en México.

En resumen, la diplomacia mexicana debe abandonar la retórica de los "firmes rechazos" y adoptar una postura más pragmática y constructiva. Es necesario priorizar el diálogo, la cooperación internacional y la implementación de políticas públicas eficaces para abordar los desafíos que enfrenta el país. La "firmeza" debe manifestarse en las acciones, no solo en las palabras.