La modernización de las compras públicas en México es un tema crucial, y la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada el 16 de abril, promete un cambio significativo. Si bien la construcción reglamentaria aún está en proceso, las nuevas modalidades de adquisición que introduce despiertan tanto expectativas como interrogantes. El webinar "Análisis de la Nueva Ley de Adquisiciones…", impartido por Leticia Rojas y Marco Romero, arroja luz sobre este complejo panorama.

Más allá de las tradicionales licitación pública, invitación a tres personas y adjudicación directa, la ley incorpora el diálogo competitivo, la adjudicación directa con estrategia de negociación, la asignación de un contrato específico derivado de un acuerdo marco, y la asignación de órdenes de suministro derivados de la Tienda Digital del Gobierno Federal o de servicios conforme a catálogos electrónicos. Estas nuevas modalidades buscan, en teoría, agilizar los procesos y fomentar la competencia. Sin embargo, es fundamental analizar a fondo su implementación para evitar que se conviertan en una puerta trasera para prácticas opacas.

La preocupación surge de experiencias pasadas. Recordemos que el anterior gobierno fue duramente criticado por la excesiva dependencia de la adjudicación directa, que representó más del 90% de sus compras. ¿Podrían estas nuevas modalidades replicar ese esquema, simulando competencia donde no la hay? La pregunta queda abierta, y la respuesta dependerá en gran medida de la transparencia y la rigurosidad con la que se aplique la nueva ley.

El tema de la corrupción en las compras públicas es una herida abierta en México. Se estima que representa alrededor del 5% del PIB, una cifra escandalosa que equivale a 700 mil millones de pesos anuales, según lo señalado por Marco Romero. La nueva ley, junto con la Plataforma Digital Nacional de Compras Públicas, busca combatir este flagelo, pero no basta con la tecnología y las normas. Es crucial, como lo subraya el estudio del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, fortalecer la profesionalización de las áreas de adquisiciones y obra pública, identificadas como de alto riesgo de corrupción.

Además, es imprescindible fomentar una cultura de integridad y cumplimiento, tanto en los funcionarios encargados de las adquisiciones como en los proveedores. De nada sirve tener una ley impecable si quienes la operan no están comprometidos con la transparencia y la ética. La lucha contra la corrupción requiere un enfoque integral que aborde no solo los aspectos normativos y tecnológicos, sino también los factores humanos y culturales.

El camino por recorrer es largo y complejo. La nueva ley representa un paso importante, pero no es una solución mágica. Su éxito dependerá de la voluntad política para aplicarla con rigor, de la participación ciudadana en la vigilancia de los procesos, y del compromiso de todos los actores involucrados en construir un sistema de compras públicas transparente, eficiente y honesto. El futuro de las finanzas públicas y, en última instancia, del desarrollo del país, está en juego.