La Ciudad de México respira un poco más tranquila. Las cifras presentadas por la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, durante el informe del Gabinete de Seguridad, inyectan una dosis de optimismo en la lucha contra la delincuencia. La reducción en los casos de robo de vehículos, acompañada de un aumento significativo en las detenciones, dibuja un panorama alentador. No se trata de meras estadísticas, sino del resultado de un trabajo coordinado y estratégico que está dando frutos. Imaginen: 647 detenciones, 102 más que el año anterior. Un incremento del 18.7% que no es producto de la casualidad, sino de la implementación de medidas concretas y de la labor incansable de las fuerzas del orden.

El dato que resalta es la efectividad de las acciones policiales: 542 detenciones en flagrancia. Esto nos habla de una mayor presencia policial en las calles, una respuesta más rápida ante los reportes ciudadanos y una mejor coordinación entre las distintas instancias involucradas. A esto se suman las 105 detenciones realizadas en cumplimiento de órdenes de aprehensión, lo que demuestra que la justicia no olvida y que tarde o temprano alcanza a quienes delinquen. La recuperación de 2,317 autopartes a través de 101 cateos es otro golpe contundente a las bandas dedicadas al robo de vehículos. Se está desmantelando la infraestructura criminal, cortando de raíz el mercado negro de autopartes y dificultando la operación de estas organizaciones delictivas.

Pero la lucha contra la inseguridad no se limita al robo de vehículos. La extorsión, un delito que afecta profundamente la tranquilidad de los ciudadanos, también está en la mira de las autoridades. La Fiscalía Especializada, dirigida por Jorge Luis Hernández, ha logrado la detención de 431 personas involucradas en este delito. Es una señal clara de que no se tolerará la intimidación y el chantaje, y que se perseguirá con firmeza a quienes se lucran del miedo ajeno.

En paralelo a estas acciones, se está trabajando en una iniciativa para regular la actividad de los franeleros. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado la elaboración de una política pública que busca abordar de raíz las causas que llevan a las personas a ejercer esta actividad, a menudo en la informalidad. La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, ha explicado que la iniciativa se centra en la atención de las necesidades económicas y sociales de los franeleros, buscando integrarlos al modelo económico de la ciudad de forma justa y regulada. Se trata de una propuesta innovadora que va más allá de la simple prohibición, buscando soluciones que beneficien tanto a los franeleros como a la ciudadanía en general. Se está analizando la ubicación, las necesidades económicas y el contexto social de cada individuo, para ofrecer alternativas viables y evitar caer en irregularidades. Es una apuesta por la inclusión y la justicia social, que busca dignificar el trabajo y garantizar la seguridad en el espacio público. Se espera que esta iniciativa contribuya a ordenar la vía pública, garantizando el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y sin presiones, al tiempo que se ofrece a los franeleros una oportunidad de integrarse al mercado laboral de manera formal y digna.