La tragedia que enluta a Coronel Oviedo ha dejado al descubierto una escalofriante trama de violencia de género, donde la vida de María Fernanda Benítez, una joven con un futuro prometedor y un embarazo de cuatro meses, fue brutalmente arrebatada. El hallazgo de su cuerpo calcinado en un baldío cercano a su hogar el 31 de mayo de 2025 no solo conmocionó a la comunidad, sino que destapó una serie de indicios que apuntan a un crimen premeditado y ejecutado con una crueldad inimaginable.

La necropsia, ese frío y preciso testimonio médico, confirmó la peor de las sospechas: María Fernanda aspiró humo antes de morir, una imagen desgarradora que nos obliga a confrontar la atrocidad de haber sido quemada viva. A este horror se suman los golpes en la cabeza y las lesiones defensivas en sus brazos, marcas indelebles de una lucha desesperada por sobrevivir. Mensajes filtrados del teléfono de Bernardo, su pareja y compañero de colegio, revelan la presión que ejercía sobre ella para interrumpir el embarazo, una pieza clave que encaja en el macabro rompecabezas de este feminicidio.

El baldío, escenario del crimen, se ha convertido en una fuente invaluable de evidencias. El chip intacto del celular de María Fernanda, una sábana, prendas de vestir tanto masculinas como femeninas, y un conjunto de medicamentos, entre ellos un fármaco que induce el sueño, son piezas que los investigadores analizan minuciosamente, buscando reconstruir las últimas horas de la joven y desentrañar la mecánica del crimen. La presencia de este medicamento en particular sugiere la posibilidad de que María Fernanda fuera sedada antes de ser asesinada, un acto que agrava aún más la barbarie de este feminicidio.

La investigación ha extendido sus tentáculos hacia Mikhaela Rolón, amiga íntima de la pareja, quien fue detenida e imputada por instigación y complicidad. Las conversaciones encontradas en su teléfono, donde aconsejaba métodos para interrumpir el embarazo y sugería borrar evidencias digitales, la colocan en una posición comprometedora. Si bien su defensa argumenta que “pensó que era una broma”, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y la posible obstrucción a la justicia.

La red de complicidades se extiende aún más, alcanzando a Ricardo Villamayor, dueño de la farmacia que habría proporcionado el medicamento controlado. Su petición de borrar las imágenes del circuito cerrado de su local el 29 de mayo, dos días antes del hallazgo del cuerpo de María Fernanda, levanta serias sospechas sobre su participación en el crimen. Actualmente se encuentra detenido por frustración de la ejecución y persecución penal.

Un nuevo y perturbador elemento ha surgido en la investigación: la posibilidad de que Bernardo haya embarazado a otra jovencita casi al mismo tiempo que a María Fernanda. Testimonios de vecinos y compañeros de colegio apuntan a que el adolescente mantenía otra relación y que esta menor podría estar gestando. La Fiscalía se encuentra indagando la veracidad de estas declaraciones, que de confirmarse, no solo agregarían una capa adicional de complejidad al caso, sino que también expondrían a Bernardo a una acusación adicional por abuso sexual de menores.

Ante este panorama desolador, organizaciones feministas exigen justicia ejemplar y una mayor protección para las adolescentes, víctimas frecuentes de una violencia machista que se ensaña con su juventud y vulnerabilidad. La muerte de María Fernanda no puede ser un caso más en las estadísticas. Debe ser un llamado de atención a la sociedad y a las autoridades para redoblar los esfuerzos en la prevención y erradicación de la violencia de género. Es imperativo que se implementen políticas públicas efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de las mujeres, y que se promueva una cultura de respeto e igualdad que destierre para siempre la violencia machista.