La democracia, ese delicado equilibrio entre la voluntad popular y la protección de los derechos individuales, se encuentra bajo asedio a ambos lados de la frontera. Dos escenarios, Los Ángeles y la Ciudad de México, aparentemente dispares, revelan una tendencia preocupante: la erosión del Estado de Derecho en nombre de una supuesta voluntad popular. No se trata de simples coincidencias, sino de una estrategia calculada que busca concentrar el poder desmantelando los contrapesos institucionales.

En Estados Unidos, la imagen de la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles evoca un pasado oscuro. Lejos de proteger los derechos de los manifestantes, como lo hiciera Lyndon Johnson en 1965, la administración Trump utiliza la fuerza para sembrar el caos y alimentar la narrativa de una nación sitiada por enemigos internos. El objetivo no es el orden, sino el control a través del miedo. Se criminaliza la inmigración, se estigmatiza la protesta y se socava la confianza en las instituciones. El presidente, en lugar de ser un garante de la ley, se convierte en un instigador del desorden, utilizando la fuerza para imponer su visión del mundo.

Mientras tanto, en México, la transformación del Poder Judicial se presenta bajo el disfraz de la democratización. Sin embargo, la realidad es mucho más sombría. La reforma judicial impulsada por el obradorismo no busca fortalecer la independencia de la justicia, sino someterla al poder político. La elección de ministros cercanos al partido gobernante no es una casualidad, sino una estrategia deliberada para controlar las decisiones judiciales y eliminar cualquier obstáculo a la agenda política del Ejecutivo. Se habla de acabar con los privilegios, pero lo que se desmantela es la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso y defender los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder.

El discurso de ambas administraciones, a pesar de sus diferencias ideológicas, comparte un elemento común: la deslegitimación de las instituciones que limitan su poder. Se presenta al Estado de Derecho como un obstáculo para la voluntad popular, una rémora que impide la realización de sus promesas. Se acusa a los jueces de ser elitistas, a los inmigrantes de ser criminales, a la prensa de ser mentirosa. Se construye un enemigo interno para justificar la concentración del poder y la supresión de las voces disidentes.

La historia nos enseña que la concentración del poder sin contrapesos conduce inevitablemente al autoritarismo. La defensa del Estado de Derecho no es una cuestión meramente legal, sino una lucha por la preservación de la democracia. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga vigilante y denuncie cualquier intento de socavar las instituciones que garantizan nuestras libertades. El silencio cómplice ante los abusos del poder es el primer paso hacia la tiranía. El futuro de la democracia, tanto en México como en Estados Unidos, depende de la capacidad de la sociedad para resistir a la tentación del autoritarismo y defender el Estado de Derecho como garante de la libertad y la justicia.