La sombra de los "ponchallantas" se extiende sobre Sinaloa, dejando un rastro de incertidumbre y peligro en las vías de comunicación. Ante la creciente preocupación por el uso de estos artefactos con fines delictivos, el Congreso del Estado ha decidido tomar cartas en el asunto, proponiendo una reforma al Código Penal que podría cambiar radicalmente el panorama para quienes fabriquen, distribuyan o utilicen estos peligrosos objetos. La propuesta, que ya ha resonado en el Pleno, busca castigar con severidad –hasta diez años de prisión– a quienes se atrevan a sembrar el caos en las carreteras sinaloenses.

Imaginen la angustia de un conductor que, en medio de la noche, siente el pinchazo repentino de una llanta, la pérdida de control del vehículo, el miedo a un accidente. Esta es la realidad que muchos ciudadanos han enfrentado, víctimas de quienes utilizan los "ponchallantas" como armas para delinquir. No se trata solo del daño material a los vehículos, sino del riesgo a la vida e integridad física de las personas. Un simple pinchazo puede desencadenar una tragedia, especialmente a altas velocidades o en zonas con poco tránsito.

La iniciativa, impulsada tanto por el grupo parlamentario de Morena como por un grupo de ciudadanos comprometidos con la seguridad vial, busca erradicar esta práctica peligrosa. El dictamen propone la adición del artículo 264 Bis al Código Penal del Estado, estableciendo penas de tres a diez años de prisión y multas significativas para quienes coloquen o arrojen estos objetos punzocortantes en las vías de comunicación. No importa si se trata de estrellas metálicas, abrojos, erizos o cualquier otro artefacto similar: la ley caerá con todo su peso sobre quienes atenten contra la seguridad de los demás.

Pero la propuesta no se detiene ahí. Consciente de la complejidad del problema, el dictamen también abarca la cadena de producción y distribución de estos artefactos. Quienes fabriquen, comercialicen o faciliten la obtención de "ponchallantas" con fines delictivos también serán sujetos a las mismas penas. Se busca cortar de raíz el suministro de estos objetos, dificultando su acceso y desincentivando su uso.

Un aspecto crucial de la propuesta es el agravamiento de la pena cuando se involucre a menores de edad en la comisión del delito. Se reconoce la vulnerabilidad de los jóvenes y la necesidad de protegerlos de la influencia de quienes los utilizan para cometer actos ilícitos. De igual manera, se contempla una mayor severidad en la pena para los servidores públicos que incurran en este delito, ya que su deber es velar por la seguridad de la ciudadanía, no ponerla en riesgo.

El dictamen, tras su lectura en el Pleno, ha sido turnado para una segunda ronda de análisis y discusión. Se espera que en las próximas sesiones el Congreso del Estado tome una decisión definitiva sobre esta importante reforma. La sociedad sinaloense está a la expectativa, esperando que esta iniciativa se convierta en una herramienta eficaz para combatir el uso de "ponchallantas" y garantizar la seguridad en las carreteras. El camino hacia una movilidad segura es un camino que debemos recorrer juntos, protegiéndonos unos a otros y construyendo un Sinaloa más tranquilo y seguro para todos.

La implementación de esta ley, de ser aprobada, representará un paso firme en la lucha contra la delincuencia y la impunidad. Será un mensaje claro para quienes buscan sembrar el miedo y el caos en nuestras carreteras: en Sinaloa, la seguridad vial es una prioridad y no se tolerarán actos que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. El futuro de nuestras carreteras depende de las decisiones que tomemos hoy. Es momento de unirnos y trabajar juntos para construir un Sinaloa más seguro para todos.