La sombra de la duda se cierne sobre el proceso electoral tras la reciente victoria de al menos tres candidatos a juzgadores que, según señalamientos del Congreso de la Unión, no cumplen con el requisito mínimo de ocho de promedio en su licenciatura. Un escenario que pone en tela de juicio la transparencia y rigurosidad del sistema de selección y que exige una profunda reflexión sobre los mecanismos de control y verificación implementados. Casos como el de Arturo Manuel Fernández Abundis, electo con una votación considerable a pesar de su promedio de 7.93, abren un debate crucial sobre la ponderación de la popularidad frente a los requisitos técnicos y académicos. ¿Es la voluntad popular suficiente para legitimar una candidatura que no cumple con los estándares preestablecidos? ¿O acaso la falta de información clara y accesible para el electorado ha contribuido a este resultado?

La situación se torna aún más compleja con los casos de Porfirio Aldana Mota y Alejandra Ramírez De la Vega, quienes obtuvieron la victoria con promedios de 7.1 y 7 respectivamente. Estas cifras, lejos del mínimo exigido, nos obligan a cuestionar la eficacia de los filtros previos a la postulación. ¿Fallaron los mecanismos de revisión? ¿Existieron presiones políticas o irregularidades que permitieron a estos candidatos llegar a las urnas? La ausencia de impugnaciones ciudadanas hasta el momento plantea una interrogante adicional: ¿Existe desconocimiento de la situación por parte del electorado o se trata de una normalización preocupante de la flexibilización de los requisitos para acceder a cargos de tan alta responsabilidad?

La respuesta del INE, afirmando que revisará los perfiles de los ganadores pero que no puede cancelar candidaturas previamente, genera incertidumbre sobre las posibles consecuencias de esta situación. ¿Qué medidas se tomarán en caso de confirmarse el incumplimiento de los requisitos? ¿Se invalidarán las elecciones? ¿Se implementarán sanciones a los responsables de la validación de las candidaturas? La falta de claridad en este aspecto alimenta la desconfianza y abre la puerta a especulaciones.

Si bien la ausencia de candidatos electos con señalamientos por falta de "buena reputación" ofrece un ligero respiro, no aminora la gravedad de la problemática central: la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes aspiran a impartir justicia. El INE tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y diligencia para esclarecer esta situación y restablecer la confianza en el proceso electoral. El futuro del sistema judicial depende, en gran medida, de la integridad y capacidad de quienes lo conforman, y la ciudadanía merece tener la certeza de que estos cargos son ocupados por profesionales que cumplen con los más altos estándares éticos y académicos. La vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar un sistema judicial justo e imparcial.