El eco de las detonaciones aún resuena en la memoria de las familias que se aferran a la vida entre la maleza de la sierra guerrerense. No es una escena de película, es la cruda realidad que se vive en comunidades como Puerto Las Ollas, Rancho Nuevo y El Nogal. Imaginen el terror de huir de sus hogares, con el corazón latiendo a mil por hora, solo con la ropa que llevan puesta, mientras las llamas consumen lo que con tanto esfuerzo construyeron. Niños que deberían estar jugando, ahora se esconden, con el miedo tatuado en sus rostros. Joshua y Sergio, de tan solo 10 y 14 años, se han convertido en fantasmas, desaparecidos en medio del caos. Sus nombres se unen a la larga lista de ausencias que marcan a fuego la historia de Guerrero.

¿Qué tipo de sociedad permite que sus niños vivan con miedo? ¿Qué clase de gobierno abandona a su pueblo a merced de la violencia? La gobernadora Evelyn Salgado, ¿dónde está su mirada? ¿Acaso no ha escuchado los gritos desesperados que llegan desde la sierra? Las familias no piden limosnas, piden lo más básico: el derecho a vivir en paz, a criar a sus hijos sin el espectro de la violencia. Han tocado las puertas del gobierno, han implorado ayuda, pero el silencio ha sido la única respuesta.

Este no es un caso aislado. Es la crónica de un abandono sistemático, de una tierra que lleva años ardiendo en la indiferencia. Guerrero se desangra mientras las autoridades miran hacia otro lado. La impunidad se convierte en el caldo de cultivo para que la violencia crezca como una mala hierba, asfixiando la esperanza. Las mujeres de la sierra, con una valentía que conmueve e indigna a partes iguales, han alzado la voz hasta Palacio Nacional. Su clamor es el de un pueblo que se niega a ser silenciado, que exige justicia y protección.

Mientras tanto, en otro rincón del país, la historia se repite con diferentes matices, pero con la misma dosis de indignación. La diputada morenista Alhely Medina Hernández, acusada de encubrir la violación de sus dos sobrinas, ha utilizado las artimañas del poder para evadir la justicia. Con la complicidad de un Congreso que parece más interesado en proteger a los suyos que en velar por los derechos de las niñas, Medina Hernández ha conseguido una licencia indefinida, un boleto de escape que la blinda de las consecuencias de sus actos.

El caso de Medina Hernández es una bofetada a la justicia, una muestra más de cómo el poder se utiliza para encubrir los peores crímenes. El gobernador Julio Menchaca guarda silencio, cómplice de una impunidad que lastima y revictimiza a dos menores. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que los poderosos se escuden en sus fueros para evadir la justicia? ¿Cuántas niñas más tendrán que sufrir en silencio antes de que las autoridades actúen con la contundencia que estos casos demandan?

La historia de Guerrero y la de Hidalgo, aunque geográficamente distantes, se entrelazan en un mismo grito de desesperación. Un grito que exige justicia, protección y un basta ya a la impunidad. Un grito que debe resonar en cada rincón del país hasta que las autoridades entiendan que su obligación es proteger a los más vulnerables, no a los que abusan del poder. Es tiempo de que la indignación se transforme en acción, de que la sociedad exija un cambio real y profundo. No podemos seguir siendo cómplices del silencio. No podemos permitir que el miedo siga ganando terreno.