La posible postergación del caso de Juana Hilda González Lomelí ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una ola de incertidumbre y expectativa en torno a un proceso judicial que se extiende ya por más de una década y media. La sombra de la tortura y la cuestionable validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se ciernen sobre el destino de una mujer sentenciada a 78 años de prisión por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. Este nuevo capítulo en la historia legal de González Lomelí plantea interrogantes cruciales sobre el sistema de justicia mexicano y la garantía de un debido proceso.

La solicitud de la FGR para aplazar la resolución del caso, justo cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponía un amparo a favor de la acusada y su inmediata liberación, levanta sospechas sobre las motivaciones detrás de esta maniobra. ¿Se busca ganar tiempo para reforzar una acusación debilitada por la posible invalidez de las confesiones obtenidas bajo presunta tortura? ¿O se trata de una estrategia para evitar un precedente que podría poner en jaque otros casos similares?

La incertidumbre se acrecienta con el impedimento presentado contra el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, cuya ponencia cuestiona la validez de las pruebas presentadas por la FGR. La falta de transparencia en torno a quién promovió este impedimento alimenta la especulación y la desconfianza en un proceso que debería ser garante de la imparcialidad y la justicia. ¿Existe algún conflicto de interés que impida al ministro continuar con el caso? ¿Se busca silenciar una voz crítica dentro de la SCJN?

El proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que apunta a la liberación de Juana Hilda González Lomelí, se basa en la premisa fundamental del derecho a no ser sometido a tortura. La presunta coacción e intimidación ejercidas para obtener las "confesiones" de la acusada en 2006, según lo planteado en el proyecto, representan una grave violación a los derechos humanos y ponen en tela de juicio la legitimidad de todo el proceso judicial. ¿Cómo puede un Estado de Derecho sustentar una condena en pruebas obtenidas mediante métodos ilegales e inhumanos?

La situación de Juana Hilda González Lomelí se convierte en un símbolo de la fragilidad del sistema judicial mexicano y la necesidad de una profunda revisión de sus prácticas. La posibilidad de que una persona inocente haya pasado más de 17 años en prisión por un crimen que no cometió, debido a fallas en el debido proceso y la presunta utilización de la tortura, es una llamada de atención urgente para las autoridades y la sociedad en su conjunto. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la presunción de inocencia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la verdad como pilares fundamentales de un sistema de justicia justo y equitativo. El futuro de Juana Hilda González Lomelí está en manos de la SCJN, y su decisión tendrá un impacto trascendental en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos fundamentales en México.