El clamor por la anulación de la elección del Poder Judicial, impulsado por la oposición y amplificado por ciertos organismos internacionales, se erige como un intento desesperado por frenar el avance democrático que esta reforma representa. Se escudan en la baja participación, la polarización y supuestas irregularidades, argumentos que se desmoronan ante un análisis objetivo de la realidad.

La cifra del 13% de participación, lejos de ser un fracaso, es el testimonio de un primer paso en un proceso inédito en nuestro país. Comparar la elección de jueces con la de cargos ejecutivos o legislativos es un error de base. La ciudadanía requiere tiempo para comprender la importancia y las implicaciones de elegir a quienes imparten justicia. Es un proceso de aprendizaje que exige pedagogía cívica, no críticas destructivas. La democracia se construye con paciencia y educación, no con la descalificación sistemática de los nuevos mecanismos. Más aún, la baja participación, si bien un desafío, no invalida la legitimidad de un proceso que se desarrolló en paz, con transparencia y apegado a la ley.

La polarización, señalada por algunos como un obstáculo, es inherente a cualquier democracia vibrante. La existencia de debates intensos no justifica la parálisis ni el aplazamiento de reformas cruciales. Al contrario, la polarización es un síntoma de la vitalidad del debate público. Precisamente, la elección del Poder Judicial buscaba democratizar una institución históricamente opaca, controlada por las élites, y poner el poder de la justicia en manos del pueblo. Silenciar el debate no es fortalecer la democracia, es ahogarla.

En cuanto a las supuestas irregularidades, se magnifican casos aislados, presentándolos como una estrategia sistemática de manipulación. La orientación del voto dentro de las bases ciudadanas, siempre que se realice sin coacción, es una práctica común en democracias consolidadas. Si existieron conductas indebidas por parte de observadores, deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley, pero hasta el momento no existe evidencia que demuestre que estas hayan comprometido la integridad del proceso. Inflar estos incidentes es una estrategia para deslegitimar la voluntad popular.

La crítica más profunda, y la que revela la verdadera intención de la oposición, se dirige al modelo de elección directa. Se argumenta que este modelo pone en riesgo la independencia judicial, una postura conservadora que busca mantener el control de la justicia en manos de las élites. Por el contrario, someter al Poder Judicial al escrutinio ciudadano es la vía para fortalecer su legitimidad y romper con el corporativismo que lo ha caracterizado. Es una apuesta por una justicia más cercana al pueblo, más transparente y menos susceptible a las presiones de los grupos de poder.

La oposición, al pedir la anulación de la elección, no defiende la democracia, sino sus propios privilegios. Pretenden regresar a un sistema donde el Poder Judicial era un coto cerrado, alejado de la ciudadanía. México ha dado un paso fundamental hacia una justicia más democrática. Como todo proceso innovador, requiere ajustes y mejoras, pero no un retroceso a los tiempos oscuros de la opacidad y el control elitista. La elección del Poder Judicial debe perfeccionarse y consolidarse como un ejercicio de soberanía popular, un triunfo de la democracia participativa sobre los intereses de unos pocos. No permitamos que el miedo al cambio nos arrebate los avances logrados.