La apatía que se vivió el pasado domingo en las urnas, con apenas un 10% de participación ciudadana en la elección del Poder Judicial, es un grito silencioso que retumba con la fuerza de un trueno. Un año atrás, el entusiasmo democrático movilizó al 60% de la población para elegir a sus representantes en el Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué ha ocurrido en tan solo un año para que la participación se desplome de forma tan estrepitosa? La respuesta, lamentablemente, no se encuentra en la desidia ciudadana, sino en la sistemática demolición de la confianza en el sistema electoral.

Desde hace meses, diversas voces, entre ellas la nuestra, advertían sobre el cariz antidemocrático que estaba tomando este proceso electoral. No se trataba de una elección, sino de una grotesca simulación, un teatro político donde el guion, los actores y el desenlace ya estaban predefinidos por el gobierno en turno. Morena, en su afán de controlarlo todo, manipuló las candidaturas, oscureció el proceso de votación con un sistema intrincado e ininteligible, y arrebató a los ciudadanos su derecho a contar los votos, una práctica fundamental de nuestra democracia durante las últimas tres décadas.

El reportaje de Mario Maldonado, publicado en El Heraldo de México, destapó la olla podrida de la manipulación. La reunión secreta en la Secretaría de Gobernación, con la presencia de altos funcionarios y gobernadores de Morena, no dejó lugar a dudas: las listas con los nombres de los “ganadores” de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral ya estaban elaboradas semanas antes de la votación. Esos “acordeones”, filtrados posteriormente a la prensa, se convirtieron en la evidencia irrefutable del fraude. El resultado de la elección del domingo no fue una sorpresa, sino la confirmación de lo que ya se sabía: una burda puesta en escena.

Este atropello a la democracia no puede quedar impune. No se trata simplemente de una reforma al Poder Judicial, sino de un asalto, un golpe de Estado a uno de los pilares fundamentales de nuestra República. Con la instauración de una Corte dócil al poder presidencial, se desvanece el equilibrio de poderes, la esencia misma de un sistema democrático. México se enfrenta al peligro de una justicia sometida, convertida en una mera oficina de trámites del Ejecutivo.

Es cierto que el Poder Judicial requería de cambios. Necesitábamos una justicia más accesible, ágil y transparente. Sin embargo, la respuesta no era la captura y el sometimiento, sino una reforma genuina que fortaleciera su independencia y garantizara el acceso equitativo a la justicia para todos los mexicanos. Lo que hemos presenciado es una ofensiva para concentrar el poder, una ruptura del delicado equilibrio que sostiene nuestra democracia.

La baja participación ciudadana no es un signo de apatía, sino un acto de resistencia pacífica ante un sistema electoral manipulado. Es un llamado a la reflexión, una advertencia de que la democracia no se construye con simulacros, sino con la participación libre y la garantía de un Poder Judicial independiente. El futuro de México depende de nuestra capacidad para defender las instituciones democráticas y exigir un sistema judicial justo e imparcial. No podemos permitir que la justicia se convierta en una herramienta del poder.