La creciente tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha intensificado en los últimos días, tras las redadas contra migrantes mexicanos y las subsecuentes protestas en ciudades estadounidenses. El partido Morena, a través de su presidenta nacional, Luisa María Alcalde Luján, ha alzado la voz en defensa de los migrantes, haciéndose eco del mensaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y condenando enérgicamente su criminalización. En un contexto político y social cada vez más polarizado, este pronunciamiento cobra especial relevancia y nos invita a reflexionar sobre la compleja realidad que enfrentan nuestros connacionales al otro lado de la frontera.

"Las y los migrantes mexicanos no son criminales", sentenció Alcalde Luján, palabras que resuenan con fuerza en un momento en que la retórica antiinmigrante parece ganar terreno. Lejos de ser una carga, los migrantes mexicanos representan un pilar fundamental para la economía de ambos países, contribuyendo con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de las naciones que los acogen. Su laboriosidad, a menudo invisibilizada, es el motor silencioso que impulsa diversos sectores productivos, desde la agricultura hasta la construcción, pasando por la industria de servicios.

La violencia y la discriminación que enfrentan nuestros compatriotas no pueden ser toleradas. Es imperativo exigir respeto a sus derechos humanos, garantizar un debido proceso en los procedimientos migratorios y rechazar cualquier forma de estigmatización. La dignidad humana no conoce fronteras y debe ser el principio rector que guíe las políticas migratorias de ambos países.

El llamado de la presidenta Sheinbaum a evitar caer en provocaciones es un mensaje prudente y necesario en estos tiempos de incertidumbre. Ante la escalada de tensión y la retórica incendiaria, la serenidad y la unidad son cruciales para proteger los derechos de los migrantes y construir puentes de diálogo entre las naciones.

La decisión del presidente Trump de enviar a la Guardia Nacional para sofocar las protestas ha generado aún más controversia. La militarización de la respuesta a las manifestaciones ciudadanas levanta serias preocupaciones sobre el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. En un contexto de creciente polarización, es fundamental apostar por el diálogo y la negociación para encontrar soluciones justas y duraderas a la problemática migratoria.

La situación actual exige una reflexión profunda sobre la responsabilidad compartida de ambos países en la gestión de los flujos migratorios. Es necesario implementar políticas migratorias humanas e integrales que reconozcan los aportes de los migrantes y garanticen el respeto a sus derechos fundamentales. El futuro de la relación bilateral depende de la capacidad de ambas naciones para construir un marco de cooperación basado en el respeto, la solidaridad y la justicia. La defensa de los derechos de los migrantes mexicanos es una causa que nos une a todos y que debemos asumir con firmeza y convicción.