En San Juanito Yosocani, Oaxaca, la colisión entre tradición y derechos humanos ha vuelto a estallar. La boda de dos niños, alentada con alcohol por los adultos de la comunidad, ha generado indignación tras la difusión de videos en redes sociales. Las imágenes muestran un ritual que culmina con la ingesta obligatoria de alcohol "de un jalón", una tradición local, según los pobladores. La justificación de "usos y costumbres" choca frontalmente con el artículo 147 del Código Civil de Oaxaca, que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años. Sin embargo, en zonas marginadas como San Juanito Yosocani, la ley parece desvanecerse.

El rezago educativo, la pobreza y el arraigo a tradiciones nocivas crean un caldo de cultivo para la vulneración de los derechos de la infancia. La aparente normalización de estas prácticas subraya la urgencia de una intervención institucional. El silencio del DIF y la ausencia de una postura oficial por parte de Eduardo Alberto Sarmiento, presidente municipal de San Lorenzo, del PVEM, son preocupantes. ¿Hasta cuándo se permitirá que la tradición se convierta en un escudo para la violencia contra los niños? Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural que exige atención inmediata. La falta de acción perpetúa un ciclo de marginación y vulnerabilidad que compromete el futuro de la comunidad. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y protejan a los menores, garantizando sus derechos fundamentales y promoviendo un cambio cultural que priorice su bienestar.

Más allá de la indignación inicial, es crucial analizar las raíces de esta problemática. La marginación y la pobreza que azotan a San Juanito Yosocani no son excusas, sino factores que deben abordarse de manera integral. La falta de acceso a educación de calidad, la escasez de oportunidades y la ausencia de un tejido social sólido contribuyen a la perpetuación de prácticas nocivas. Se necesita una estrategia multidisciplinaria que involucre a las autoridades locales, estatales y federales, así como a organizaciones de la sociedad civil. La educación, la sensibilización y el empoderamiento de la comunidad son claves para romper el ciclo de la violencia y construir un futuro digno para los niños de San Juanito Yosocani.

El caso de San Juanito Yosocani nos obliga a reflexionar sobre la compleja relación entre tradición y derechos humanos. Si bien es importante respetar la diversidad cultural, no podemos permitir que las costumbres se conviertan en un obstáculo para el pleno desarrollo de las personas, especialmente de los más vulnerables. Es necesario promover un diálogo intercultural que permita conciliar la tradición con los principios universales de derechos humanos. La protección de la infancia debe ser una prioridad ineludible, y la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de garantizar que todos los niños crezcan en un entorno seguro, libre de violencia y con igualdad de oportunidades.

En otro orden de ideas, corre el rumor en círculos judiciales de que el informe preliminar de la OEA sobre la elección judicial podría no ser tan imparcial como se presenta. Fuentes cercanas a la SCJN sugieren que el documento se habría elaborado con información proporcionada por abogados vinculados a la ministra Norma Piña. Se dice que el equipo de la ministra ha estado enviando análisis críticos a la OEA sobre la reforma judicial, ignorando otras perspectivas. Este supuesto protagonismo de Piña ha generado incomodidad dentro de la Corte, donde se le critica su falta de apertura al diálogo. Algunos consideran que el informe resultante está políticamente contaminado y cuestiona al INE injustamente, a pesar de que el órgano electoral actuó conforme a la ley. Estas versiones, de confirmarse, abrirían un nuevo capítulo en la ya compleja trama del sistema judicial mexicano.