La sombra de la politización se cierne sobre la justicia. Lo que antes era un rumor, una sospecha, se ha materializado en un proceso electoral disfrazado de democracia participativa. La elección popular de jueces, presentada como un avance, se revela como una herramienta para consolidar el control político sobre el Poder Judicial. Y aunque se nos diga que es el pueblo quien elige, la realidad es que los dados están cargados, los hilos se mueven desde las altas esferas, y los resultados, predeterminados.

No nos engañemos, la imbricación entre justicia y política no es nueva. Desde los tiempos de la antigua Roma, el control de los tribunales ha sido una pieza clave para el dominio del poder. Dolabela, aquel estratega romano, lo entendió a la perfección: quien controla la justicia, controla el imperio. Y hoy, siglos después, la máxima sigue vigente. Solo han cambiado los nombres, los escenarios, los actores. Pero el objetivo persiste: someter la justicia a los designios del poder.

¿Qué implicaciones tiene esta nueva realidad? Antes, frente a los abusos del Estado, el ciudadano contaba con la posibilidad de encontrar refugio en la independencia judicial. Jueces con la integridad y el coraje para defender el derecho frente a la arbitrariedad. Hoy, esa figura se desdibuja, amenazada por la sombra de la obediencia política. El juez independiente se convierte en un engranaje más del sistema, sujeto a las presiones y los condicionamientos del poder.

Imaginemos el escenario: un periodista incómodo, un activista que cuestiona al poder, un político opositor. Una acusación fabricada, una detención arbitraria, un proceso judicial plagado de irregularidades. Antes, la esperanza residía en la imparcialidad de los jueces, en la posibilidad de encontrar justicia en los tribunales. Ahora, esa esperanza se desvanece. Con un Poder Judicial politizado, el derecho se silencia, las garantías se vulneran, y la justicia se convierte en una herramienta de persecución.

El nuevo Tribunal de Disciplina, con su mirada vigilante, se encarga de asegurar la obediencia. Un mensaje claro para los jueces: la independencia se castiga, la sumisión se premia. Y no solo los opositores están en riesgo. Incluso aquellos que hoy se benefician del sistema, los que aplauden la reforma, pueden mañana convertirse en víctimas. Porque el poder es voluble, sus lealtades son efímeras, y cuando todo se decide desde un mismo centro de poder, la línea entre aliados y traidores se difumina.

La justicia, que en teoría debe servir al pueblo, se pone al servicio del poder. Los jueces, elegidos bajo la lógica del aplauso y la obediencia, difícilmente podrán resistir las presiones. El miedo se instala, la autocensura se impone, y la justicia se convierte en una pantomima.

El futuro se presenta sombrío. La posibilidad de un sistema judicial sometido a los designios del poder es una amenaza para todos. No se trata de una lucha entre partidos, sino de una batalla por la esencia misma de la democracia. Si la justicia cae, todos perdemos. Es hora de alzar la voz, de defender la independencia judicial, de exigir un sistema justo e imparcial. Porque el silencio nos convierte en cómplices, y la indiferencia nos condena a la derrota.