La apatía ciudadana ante la reciente elección del Poder Judicial, reflejada en una participación del 13.02%, la más baja en la historia reciente de México, enciende una señal de alarma sobre el estado de nuestra democracia. Este dato, aunado a la cantidad de votos nulos y en blanco, que alcanzan un preocupante 32%, nos obliga a una profunda reflexión. ¿Qué mensaje nos está enviando la ciudadanía con su silencio? ¿Estamos fallando como sociedad en la construcción de un sistema democrático sólido y participativo?

La doctrina democrática establece algunos pilares fundamentales para la participación ciudadana: respeto al marco jurídico y a los derechos fundamentales, acceso a los canales institucionales, acceso efectivo a la información y, crucialmente, confianza en las instituciones democráticas. A la luz de los resultados, podemos cuestionarnos si estos presupuestos se cumplen a cabalidad en nuestro país.

La reforma que modificó la estructura del Poder Judicial, de gran envergadura e implicaciones para el equilibrio de poderes, se llevó a cabo con una celeridad que impidió la reflexión y el diálogo necesarios para su adecuada asimilación. La premura en su implementación, sin dar tiempo a la pedagogía institucional, dejó a la ciudadanía desinformada sobre la importancia de la elección y el perfil de los candidatos. A pesar del esfuerzo del INE por simplificar el proceso, la complejidad de la papelería electoral se convirtió en una barrera adicional para la participación.

Si bien los medios de comunicación se esforzaron por difundir información sobre el proceso electoral, las autoridades y la sociedad civil organizada se quedaron cortas en la promoción de la elección y la importancia de la participación ciudadana. Preocupa, además, la reaparición de viejas prácticas que creíamos erradicadas de nuestro sistema electoral, como la compra de votos y el acarreo, denuncias que circularon en los días previos a la jornada y que, tristemente, los resultados no desmienten.

Otro aspecto preocupante es la falta de transparencia y trazabilidad en el manejo de los votos. La cadena de custodia y los mecanismos de conteo no brindan la seguridad necesaria para garantizar la integridad del proceso. Esto deja a los participantes con dudas legítimas sobre los resultados y sin herramientas para defender su derecho al voto.

Ante este panorama desolador, se abren dos caminos a seguir. Por un lado, los magistrados electos, entre los que se encuentran perfiles prometedores, tienen la responsabilidad de legitimarse y demostrar la independencia y autonomía del Poder Judicial, un contrapeso fundamental al Ejecutivo y Legislativo. Deben trabajar para restaurar la confianza ciudadana en esta institución, hoy en día severamente dañada.

Por otro lado, como sociedad, debemos emprender una tarea de "control de daños". Es imperativo analizar a fondo las fallas del proceso, identificar áreas de oportunidad y corregir los errores para las elecciones del 2027, donde se renovará la otra mitad de los juzgadores del país. El reto es grande, pero la salud de nuestra democracia depende de ello. No podemos permitirnos otra jornada electoral marcada por la apatía y la desconfianza. El futuro del Poder Judicial y, en última instancia, del país, está en juego.