La sombra de la sospecha se cierne sobre el partido Morena en Hidalgo. La diputada local Alhely “N” ha sido suspendida de sus derechos políticos dentro del partido tras ser acusada de complicidad en un caso de violación a dos menores de edad en Zimapán. Esta noticia, como una piedra lanzada a un estanque, genera ondas expansivas que alcanzan los cimientos mismos del partido y cuestionan sus mecanismos internos de control y ética.

La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, actuando con la celeridad que el caso amerita, ha iniciado un procedimiento sancionador de oficio. La suspensión provisional de Alhely “N” la aparta de cargos clave como consejera nacional y estatal, una medida cautelar que busca proteger la imagen del partido y evitar daños irreparables a su estrategia electoral. El expediente CNHJ-HGO-141/2025, abierto el pasado 8 de mayo, detalla la gravedad de la situación: la posible comisión de un ilícito que pone en jaque la unidad del partido, su imagen y, sobre todo, sus principios y valores.

Más allá de las frías letras del expediente, se vislumbra un drama humano de proporciones devastadoras. Dos menores de edad, presuntas víctimas de violación, se encuentran en el centro de este torbellino político y judicial. La figura del empresario Willy “N”, cuñado de la diputada y principal acusado, añade otra capa de complejidad al caso, abriendo interrogantes sobre la posible influencia y encubrimiento dentro de las esferas de poder.

Marco Antonio Rico Mercado, dirigente estatal de Morena, intenta contener la tormenta. Asegura que acatarán la resolución de la comisión nacional y que la situación, a pesar de su gravedad, no afecta la imagen del partido. Un mensaje de calma, quizás demasiado optimista, que contrasta con la magnitud de las acusaciones y la creciente indignación pública. Rico Mercado insiste en que no se permitirán acciones contrarias a los principios de Morena y que esperarán los resultados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Sin embargo, la presión mediática y social crece, demandando transparencia y acciones contundentes.

La solicitud de licencia por parte de Alhely “N”, tras la orden de aprehensión emitida por la PGJEH, lejos de calmar las aguas, las agita aún más. ¿Es una estrategia para evadir la justicia? ¿Un reconocimiento tácito de su culpabilidad? Las especulaciones se multiplican en las redes sociales y los medios de comunicación, alimentando un clima de incertidumbre y desconfianza.

Este caso, más allá de las implicaciones políticas, nos obliga a reflexionar sobre la protección de la infancia y la erradicación de la violencia. Es un llamado a la sociedad, a las instituciones y a los partidos políticos a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, y a actuar con firmeza ante cualquier indicio de abuso o complicidad. El futuro de Morena, y la confianza de la ciudadanía en sus representantes, dependen en gran medida de la forma en que se gestione esta crisis y se aplique la justicia. La transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la verdad son los únicos caminos para recuperar la credibilidad y sanar las heridas que este caso ha dejado en la sociedad hidalguense.