La reciente polémica en torno al Instituto Nacional Electoral (INE) y la supuesta "ocultación de votos nulos" a través de la categoría "recuadros no utilizados" requiere un análisis preciso y alejado de la desinformación. Las acusaciones vertidas por el analista Jorge Alcocer Villanueva no solo carecen de fundamento, sino que demuestran un profundo desconocimiento del marco legal que rige el proceso electoral judicial extraordinario de 2025.

En primer lugar, es fundamental comprender que este proceso electoral fue inédito en México, presentando una complejidad sin precedentes. La elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, con boletas que permitían seleccionar hasta 39 personas por cargo, exigía la creación de nuevos criterios de interpretación para la validez de los votos. Ante esta situación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al INE a emitir lineamientos claros y públicos, lo que se concretó en el Acuerdo INE/CG210/2025.

Este acuerdo, aprobado en sesión pública el 6 de marzo de 2025 por el Consejo General del INE, define la categoría "recuadros no utilizados" como un criterio técnico para clasificar boletas sin marcas o con marcas ilegibles que impiden discernir una intención de voto válida. No se trata, como erróneamente afirma Alcocer, de una categoría clandestina o irregular, sino de una herramienta esencial para el conteo preciso y transparente de los votos en un proceso electoral de alta complejidad.

La distinción entre "recuadros no utilizados" y "votos nulos" es crucial. Mientras los primeros se refieren a boletas en blanco o ilegibles, los segundos son boletas con marcas que, aunque presentes, resultan inválidas por exceder el número de opciones permitidas o ser contradictorias. Esta diferenciación, lejos de ocultar información, brinda mayor claridad sobre el comportamiento del electorado y fortalece la certeza jurídica del proceso.

Además, es importante destacar que la capacitación del personal electoral se realizó conforme a los lineamientos aprobados. Grupos de trabajo distritales, funcionarios del INE y personal técnico recibieron instrucción para aplicar de forma uniforme los criterios de validez, nulidad y clasificación de boletas. Este riguroso proceso de capacitación minimiza los márgenes de error y refuerza la legitimidad del conteo.

La acusación de Alcocer sobre una supuesta "inflación" de la participación ciudadana también es infundada. La participación se calcula a partir del total de boletas depositadas en la urna, independientemente de su validez. La categoría "recuadros no utilizados" no altera esta cifra, simplemente permite una clasificación más precisa del contenido de las boletas.

En conclusión, las afirmaciones de Jorge Alcocer Villanueva no solo son técnicamente incorrectas, sino que contribuyen a la desinformación y al desprestigio institucional. El INE ha actuado con apego a la ley, con transparencia y con criterios técnicos diseñados para garantizar la certeza en un proceso electoral sin precedentes. Es fundamental defender la integridad de los procesos democráticos frente a narrativas que buscan socavar la confianza ciudadana. El debate público debe basarse en información veraz y en un análisis riguroso, no en acusaciones infundadas que erosionan la credibilidad de las instituciones.