La llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mucho más que un simple cambio de guardia. Es un terremoto silencioso, una grieta en el muro de la exclusión que por siglos ha confinado a los pueblos originarios a los márgenes del poder. Imaginen la escena: un hombre mixteco, formado en la defensa de la tierra y los derechos indígenas, ocupando el puesto más alto del sistema judicial mexicano. Para muchos, acostumbrados a ver los mismos apellidos, el mismo color de piel, en las esferas del poder, es una imagen casi insoportable. Un desafío a la "lógica" de un sistema que siempre ha dictado quién sube y quién se queda abajo.

Se disfraza el malestar con argumentos “técnicos”, con cuestionamientos a su supuesta cercanía con el gobierno federal, como si la historia de México no estuviera plagada de jueces al servicio del poder económico. Pero el verdadero motivo de la incomodidad, el fantasma que recorre los pasillos del poder, es la posibilidad de una Corte que, por primera vez, escuche a los "nadie". A esos pueblos que han sido sistemáticamente silenciados, reprimidos, ignorados.

Recordemos Acteal. El 22 de diciembre se cumplirán 28 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles. 28 años de impunidad. Ni los autores materiales ni los intelectuales han sido juzgados. Un manto protector que llega hasta las más altas esferas del poder. Y Acteal no es una excepción, es la regla. Desde los tiempos de Porfirio Díaz hasta Ayotzinapa, pasando por la guerra sucia y Aguas Blancas, la historia se repite: el Estado, con toda su fuerza, aplasta cualquier intento de autonomía o resistencia indígena. Policías, narcos, paramilitares, terratenientes y jueces, todos actores de una misma obra: la perpetuación del poder a costa de la dignidad de los pueblos originarios.

Por eso, la llegada de Aguilar Ortiz a la presidencia de la Corte no es sólo una noticia, es un símbolo. Un símbolo de esperanza para quienes han sido históricamente excluidos. ¿Qué pasaría si la justicia, por fin, mirara a los olvidados? ¿Si se juzgara a los responsables de Acteal y tantas otras atrocidades? ¿Si se reconociera el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios? ¿Si se rompiera, aunque sea un poco, el pacto de impunidad que ha reinado por tanto tiempo?

Quizás Aguilar Ortiz no sea un redentor, ningún individuo lo es. Tal vez tenga contradicciones, deudas, como todos. Pero su sola presencia en ese cargo, su nombre escrito en la historia, ya es un acto de subversión. Un recordatorio de que en México, el acceso al poder de los históricamente excluidos sigue siendo, en sí mismo, un acto revolucionario. Un pequeño paso, quizás, pero un paso inmenso en la larga lucha por la justicia y la dignidad. Un paso que nos invita a imaginar un futuro diferente, un futuro donde los "nadie" tengan, por fin, voz y representación. Un futuro donde la justicia deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en un derecho de todos.

Y la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que incomoda a tantos, es: ¿qué sigue? ¿Qué cambios traerá consigo este temblor en la estructura del poder? El tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte ha abierto una brecha, una posibilidad. Y esa posibilidad, por pequeña que parezca, es una semilla de esperanza en un país que la necesita con urgencia.