La sombra de la duda se cierne sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Su ausencia en las reuniones de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, destinadas a abordar la crisis de CAME, levanta ampollas. Se cuestiona su diligencia en la supervisión de la entidad, sobre todo considerando las irregularidades detectadas ya en 2022, documentadas por los propios ahorradores. La magnitud del problema es ineludible: CAME, séptima sociedad financiera popular del sistema, albergaba hasta diciembre pasado los ahorros de un millón 300 mil personas, que ascendían a cerca de mil 600 millones de pesos. A la reunión convocada por el subsecretario César Yáñez en Gobernación, tampoco acudieron los fondos privados que controlan CAME: Creation Investments, de Bryan Wagner, y PC Capital, de Pablo Coballasi, dueños de Te Creemos Holding, que posee el 99% de CAME. Su ausencia alimenta las sospechas y la indignación. ¿Acaso su incomparecencia sugiere que ya se beneficiaron de la situación, dejando a los ahorradores a la deriva?

La mesa de diálogo, programada para este lunes, cita a la administración de CAME, a los fondos mencionados, a los ahorradores afectados, a la Junta de Gobierno de la CNBV, presidida por Jesús de la Fuente, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dirigida por Oscar Rosado. La expectativa es palpable: ¿Se dignarán los responsables de la quiebra de CAME a comparecer ante Gobernación? Se rumorea que los fondos minimizan las facultades de la Secretaría y confían en haber “planchado” el asunto con la CNBV, su regulador.

La solicitud de concurso mercantil de Te Creemos Holding, desechada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, añade otra capa de complejidad al caso. La impugnación a través de un amparo, cuyo expediente reside en el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la CDMX, prolonga la incertidumbre. Todo indica que fue a través de esta empresa que se esfumaron los ahorros del público, que ahora ni siquiera puede acceder a la página web de la financiera, ya dada de baja. La opacidad y la falta de acceso a la información agravan la angustia de los afectados.

En contraste con este panorama sombrío, Libertad celebra 65 años de trayectoria en la inclusión financiera. Desde su autorización como sociedad financiera popular por la CNBV en 2008, se ha consolidado como una entidad resiliente, capaz de sortear desafíos internos y externos, siempre apegada al marco regulatorio. Bajo la presidencia de Silvia Lavalle, desde 2019, ha adoptado un modelo híbrido omnicanal, combinando la presencia física con la digital. Con más de 2.3 millones de clientes y 135 sucursales en 25 estados, Libertad integra servicios en línea, aplicaciones móviles y redes sociales. Sus alianzas estratégicas con Microsoft, Google Cloud, Huawei Cloud y Mambu fortalecen su infraestructura tecnológica. La implementación de un plan estratégico para optimizar la eficiencia, reducir gastos y lograr una sólida capitalización le permite superar los estándares regulatorios sin renunciar a su misión original: atender a las comunidades históricamente excluidas del sistema financiero tradicional.

La parálisis de la CNBV también inquieta al Banco de México. El rezago tecnológico del organismo, que ha generado alertas de bancos como BBVA y Banamex por problemas en el envío de información, es motivo de preocupación. Las fallas e intermitencias en la plataforma de cómputo, que afectan al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), ponen en riesgo la capacidad de la Comisión para detectar operaciones de lavado de dinero. La pérdida de información esencial genera malestar en la institución que gobierna Victoria Rodríguez Ceja.

El conflicto entre Aguakán y el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida a partir de septiembre por Hugo Aguilar. El recurso de revisión interpuesto por la concesionaria contra la suspensión definitiva de la concesión constituye un desafío crucial para el máximo tribunal. El caso sentará un precedente para los privados que operan en el país y pondrá a prueba la imparcialidad de la Corte en controversias que involucran a gobiernos estatales. Además, definirá si se mantiene la suspensión otorgada para que los particulares puedan defender sus bienes y derechos.