La industria de las telecomunicaciones en México navega en aguas turbulentas. El inicio de 2025 ha confirmado los temores de un estancamiento, con un crecimiento anémico del 1.2% en ingresos, el más bajo en casi cuatro años. Este dato, lejos de ser una anomalía, refleja la compleja coyuntura económica y la incertidumbre regulatoria que pesa sobre el sector.

El contexto macroeconómico no es favorable. Las proyecciones de la OCDE apuntan a un crecimiento global del 3.1%, una cifra modesta que contrasta con las expectativas de años anteriores. México, en particular, enfrenta un panorama aún más complicado, con un crecimiento proyectado de apenas 0.4%, e incluso algunas previsiones privadas lo sitúan en un preocupante 0.2%. Factores como la baja inversión pública, las restricciones comerciales y un clima general de incertidumbre han frenado el dinamismo económico, impactando directamente en el consumo y, por ende, en la demanda de servicios de telecomunicaciones.

Analizando los segmentos del sector, encontramos un panorama mixto, con luces y sombras. El segmento móvil, que representa la mayor parte de los ingresos (casi el 60%), creció un tímido 1.4%. Sin embargo, este dato esconde dos realidades opuestas: una caída del 6.6% en la venta de equipos y un aumento del 4.4% en servicios. Esto nos indica que, si bien los mexicanos mantienen su necesidad de conexión, están postergando la compra de nuevos dispositivos, una decisión comprensible ante el encarecimiento del crédito y la disminución del poder adquisitivo.

La televisión de paga y los servicios empaquetados, por su parte, registraron una caída anual del 0.6%, con una pérdida de suscriptores del 6.8%. El ligero repunte en los ingresos por banda ancha no fue suficiente para compensar esta tendencia negativa, lo que confirma la creciente presión competitiva de las plataformas de streaming y la búsqueda de opciones más económicas por parte de los consumidores.

Pero más allá de las cifras, la mayor preocupación radica en la incertidumbre regulatoria. La propuesta de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su reemplazo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ha generado un compás de espera en el sector. Esta transición, aún sin concretarse del todo, mantiene en vilo decisiones cruciales de inversión y expansión de cobertura. Sin reglas claras y un marco regulatorio estable, los operadores se muestran reticentes a invertir en nueva infraestructura, lo que podría frenar el desarrollo del sector y afectar la calidad de los servicios.

La falta de un marco regulatorio sólido que promueva la competencia, garantice la cobertura universal y establezca mecanismos de supervisión eficientes pone en riesgo el futuro de las telecomunicaciones en México. El mercado podría fragmentarse, la innovación se vería limitada y la brecha digital podría ampliarse, perjudicando principalmente a las poblaciones más vulnerables.

El sector se encuentra en una encrucijada: adaptarse a un entorno de bajo crecimiento y consumo moderado, o esperar a que el nuevo marco regulatorio –si es que se concreta– reactive la inversión. Un escenario optimista, aunque aún incierto, apunta a una leve recuperación en la segunda mitad del año, siempre que se disipen las dudas regulatorias y se recupere la confianza institucional.

En definitiva, la industria de las telecomunicaciones en México transita por un momento delicado. Las decisiones de política pública, o la falta de ellas, están determinando el presente y el futuro de un sector estratégico para el desarrollo del país. Es crucial que las autoridades brinden certeza jurídica y promuevan un ambiente propicio para la inversión, con el objetivo de impulsar la innovación, garantizar la competencia y asegurar el acceso universal a servicios de calidad. De lo contrario, el sector corre el riesgo de quedar a la deriva, con consecuencias negativas para la economía y la sociedad en su conjunto.

POR GONZALO ROJON

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