La histórica elección de personas juzgadoras en el Estado de México abre un parteaguas en la administración de justicia en nuestra entidad. Más allá de la jornada electoral, se abre un abanico de interrogantes cruciales que debemos abordar con responsabilidad y visión de futuro. ¿Cómo podemos garantizar un sistema judicial eficaz, empático y cercano a la ciudadanía? ¿Qué herramientas necesitamos para modernizar nuestros procesos y responder a las demandas de una sociedad cada vez más compleja? Estas preguntas resuenan con fuerza no solo en los pasillos de los tribunales, sino también en las aulas universitarias, en los despachos de abogados y, sobre todo, en las conversaciones de la gente.

La importancia de estas cuestiones se magnifica si consideramos el peso del Estado de México en el panorama nacional. Junto con la Ciudad de México, conformamos el mercado de consumo más grande del país, con 27 millones de personas. Lideramos en población, con 17.7 millones de habitantes; en aportación al PIB, con un 9.1%; en número de unidades económicas, con 817 mil; y en creación de empleos formales. Estas cifras, lejos de ser simples estadísticas, reflejan la vitalidad económica y social de nuestra entidad, y al mismo tiempo, la enorme responsabilidad que recae sobre el Poder Judicial.

El análisis comparativo de la actividad judicial a nivel nacional revela la magnitud del desafío. El Estado de México concentra el 19% de las sentencias en materia civil, el 15% en penal, el 10% en laboral, el 9% en familiar y el 2% en mercantil. Estos números, si bien demuestran la intensa labor de nuestros jueces, también ponen en evidencia una preocupante realidad: el déficit histórico en la proporción de jueces por cada 100 mil habitantes. Con una tasa de 2.8, estamos por debajo de la media nacional (4.8), y muy lejos del promedio mundial (17) y del óptimo recomendado por la OCDE (65).

Ante este panorama, es imperativo impulsar esquemas que fortalezcan la certidumbre jurídica y la confianza en las instituciones. Necesitamos modelos de gestión adaptados a las exigencias de un entorno dinámico y complejo, que demandan soluciones ágiles y eficaces, sin perder de vista la dimensión humana de cada caso. Detrás de cada expediente, hay historias de vida, de dolor y de búsqueda de justicia. Nuestro sistema debe ser capaz de responder a estas necesidades con sensibilidad y empatía.

La transformación del sistema de justicia es un proceso continuo, que requiere un compromiso a largo plazo. No podemos construir un nuevo modelo de la noche a la mañana, pero sí podemos definir las características esenciales de la justicia que anhelamos: un sistema accesible, transparente, medible y receptivo a las voces de la ciudadanía. Un sistema plural, igualitario, diverso, participativo y colaborativo.

La justicia que queremos debe estar alineada con las prioridades públicas, en contacto permanente con la ciudadanía y fomentar la comunicación y la colaboración interinstitucional. Debemos trabajar juntos, Poder Judicial, gobierno y sociedad, para construir un sistema de justicia a la altura de los retos del siglo XXI, un sistema que garantice el acceso efectivo a la justicia para todos los mexiquenses. Este es el camino que debemos recorrer para consolidar un Estado de Derecho sólido y una sociedad más justa e igualitaria.