La reciente oleada de detenciones en Los Ángeles ha encendido las alarmas y puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerable situación de miles de mexicanos que buscan una vida mejor al norte de la frontera. Las imágenes de familias separadas, la angustia en los rostros de los detenidos y el eco de las protestas nos interpelan a todos como sociedad. No podemos permanecer indiferentes ante la realidad que viven nuestros compatriotas, quienes, en muchos casos, se ven obligados a abandonar su tierra natal en busca de oportunidades que les son negadas en su propio país.

Las redadas, llevadas a cabo con una contundencia que recuerda a épocas oscuras, no solo vulneran los derechos humanos de los migrantes, sino que también desgarran el tejido social de comunidades enteras. Hombres y mujeres que han contribuido con su trabajo al desarrollo económico y social de Estados Unidos, que han criado a sus hijos con valores y esperanza, se ven de pronto arrancados de sus hogares, privados de su libertad y sometidos a un proceso legal que, en muchas ocasiones, carece de las garantías mínimas de justicia.

Es fundamental que el Gobierno de México asuma un papel proactivo en la defensa de sus ciudadanos. No basta con la retórica diplomática; se necesitan acciones concretas que garanticen la asistencia legal y consular a los detenidos, que protejan a las familias afectadas y que exijan el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, sin importar su estatus migratorio. La dignidad humana no puede ser moneda de cambio en las negociaciones políticas.

Más allá de las acciones gubernamentales, es imperativo que la sociedad civil se movilice. Organizaciones de derechos humanos, grupos comunitarios, académicos, artistas, todos debemos alzar la voz y exigir un trato justo y humano para nuestros compatriotas. La solidaridad no puede limitarse a las palabras; debe traducirse en acciones concretas que brinden apoyo a los migrantes y sus familias. Desde la donación de recursos para asistencia legal hasta la organización de campañas de sensibilización, cada gesto cuenta.

La migración no es un delito, es un fenómeno humano que ha existido a lo largo de la historia. Las personas migran por diversas razones: en busca de mejores oportunidades económicas, huyendo de la violencia o la persecución política, o simplemente en busca de un futuro mejor para sus familias. Criminalizar la migración es criminalizar la esperanza.

Es necesario un cambio de paradigma en la forma en que abordamos el fenómeno migratorio. En lugar de construir muros y desplegar fuerzas militares, debemos construir puentes de entendimiento y cooperación. En lugar de políticas migratorias punitivas y restrictivas, necesitamos políticas humanas e inclusivas que reconozcan el aporte de los migrantes a las sociedades de acogida.

La solución a la crisis migratoria no está en la represión, sino en la creación de oportunidades. Invertir en el desarrollo económico y social de los países de origen, promover la educación y la creación de empleos dignos, fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, son medidas clave para abordar las causas estructurales de la migración.

El llamado a la solidaridad es un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros hermanos y hermanas son perseguidos y criminalizados. Es tiempo de unir nuestras voces y exigir un mundo más justo y equitativo para todos, un mundo donde la migración sea una opción y no una necesidad, un mundo donde la dignidad humana sea el valor supremo.