La madrugada del domingo dejó una escena perturbadora en el Fraccionamiento Rincón del Pedregal, al oriente de Torreón. Un joven de tan solo 17 años fue víctima de un ataque sorpresivo y violento que ha puesto en alerta a la comunidad. Imaginen la escena: las 3:00 a.m., la tranquilidad de la noche rota por los gritos de un grupo de jóvenes reunidos en el cruce de las calles Circonia y Selenita. De repente, la oscuridad se rompe con la llegada de un taxi. Un individuo desconocido desciende del vehículo y, sin mediar palabra, arremete contra el menor con un picahielo. Cinco heridas en la espalda, una tras otra, marcan la brutalidad del ataque. El agresor, con la misma frialdad con la que llegó, huye en el taxi, desapareciendo en la noche.

El joven, rodeado de más de 24 compañeros, entra en una comprensible crisis nerviosa. La imagen del atacante, la sensación del hielo metálico penetrando su piel, el dolor agudo… Todo se conjuga para generar un trauma que seguramente dejará huella. Afortunadamente, la rápida intervención de los socorristas de la Cruz Roja Mexicana logra estabilizarlo. Tras recibir los primeros auxilios, es trasladado al Hospital General de Torreón. Aunque las heridas, por fortuna, resultaron superficiales, la necesidad de suturas evidencia la violencia del ataque.

Este incidente, lamentablemente, no es un caso aislado. Vecinos del Fraccionamiento Rincón del Pedregal denuncian la recurrencia de este tipo de situaciones, especialmente durante los fines de semana. La tranquilidad de sus hogares se ve constantemente amenazada por la violencia que se desata en las calles. Y en este caso en particular, se suma un factor preocupante: la presencia de un grupo numeroso de adolescentes, hombres y mujeres, sin supervisión adulta y, según reportes, con indicios de consumo de alcohol. ¿Dónde están los padres? ¿Qué medidas se están tomando para proteger a estos jóvenes y prevenir este tipo de situaciones?

El Código Penal de Coahuila es claro en cuanto a las sanciones para el delito de lesiones. En casos graves, donde la vida de la víctima se ve comprometida o se produce una incapacidad, la pena puede ir de 2 a 7 años de prisión. Si se considera homicidio en grado de tentativa, la sanción podría ser aún mayor, llegando hasta los 35 años. Además, factores como la premeditación, la alevosía y la huida del agresor, como en este caso, pueden agravar la pena. La Fiscalía, tras una exhaustiva investigación, determinará la acusación final.

Este hecho nos obliga a reflexionar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos proteger a nuestros jóvenes? La responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. Es un trabajo conjunto que involucra a familias, escuelas y a la comunidad en general. Debemos fomentar valores, promover la convivencia pacífica y, sobre todo, estar atentos a las señales de alerta. No podemos permitir que la violencia se normalice. Cada incidente, cada herida, es un llamado a la acción. Es momento de unirnos y trabajar por un futuro más seguro para nuestros jóvenes. No podemos permitir que la oscuridad de la noche se trague sus sueños.