La farsa electoral del pasado domingo, con la supuesta elección de miembros del Poder Judicial, no es más que la culminación de un proceso de degradación institucional que se viene gestando desde hace meses. Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía que algunos intenten justificar este atropello apelando a la baja participación o a la ineficacia de la oposición. Como si la manipulación del sistema judicial no fuera evidente, como si los jueces no fueran meros títeres designados desde las altas esferas del poder. Vivimos en un simulacro de democracia, donde las elecciones libres son una quimera del pasado.

La crítica a la oposición no debería centrarse en su incapacidad para presentar candidatos, sino en su incapacidad para comprender la magnitud del problema. Siguen aferrados a mecanismos de participación que ya no funcionan, a estrategias obsoletas en un contexto donde las reglas del juego han sido pervertidas. La lucha política ha trascendido los cauces tradicionales y exige nuevas formas de resistencia.

Recordemos el día de la aprobación de la reforma judicial, un episodio vergonzoso en nuestra historia reciente. Una mayoría artificial, producto de la coacción y el clientelismo, impuso su voluntad. En medio de ese espectáculo lamentable, un grupo de estudiantes irrumpió en el Senado, logrando momentáneamente detener la sesión. Estos jóvenes, que habían agotado las vías del diálogo y la persuasión, entendieron que la única opción era la ruptura, la desobediencia civil, la denuncia pública de la farsa.

¿Y cuál fue la reacción de la oposición? Abandonaron a los estudiantes a su suerte, prefiriendo la comodidad de sus vehículos a la defensa de la institucionalidad. Podrían haber improvisado una asamblea alternativa, tomado el Senado indefinidamente, generado un verdadero conflicto político. Pero optaron por la pasividad, por la contemplación impávida del desmantelamiento del Estado de Derecho.

Su error fundamental radica en seguir ofreciendo institucionalidad a quienes la destruyen sistemáticamente. Se niegan a aceptar la realidad: las vías formales de participación política están bloqueadas. La extorsión, la coacción y el clientelismo han sustituido al debate democrático. El poder, en todas sus manifestaciones –electoral, económico, mediático, incluso el de las armas– es la única moneda de cambio en el nuevo modelo de gobernanza.

Los aliados del régimen lo entienden a la perfección. Desde el Partido Verde, con su maquinaria electoral y sus prácticas clientelares, hasta la CNTE, con sus bloqueos y demostraciones de fuerza, todos operan bajo la lógica de la extorsión. El empresariado, seguramente, ya está negociando con los nuevos jueces y engrasando la maquinaria de la corrupción. Y el crimen organizado, donde no pacta, amedrenta.

Mientras tanto, la oposición sigue atrapada en la nostalgia de un pasado que ya no existe. No comprende que la batalla se libra en la calle, en lo simbólico, en la resistencia ciudadana. Oscila entre la congraciación y la confrontación, sin decidirse por una estrategia clara. Algunos creen que con palmaditas en la espalda y votos de confianza lograrán ablandar al régimen. Otros, simplemente, buscan la supervivencia política, las migajas del erario, evitando la cárcel.

En la ley del más fuerte, la oposición se muestra débil, desorientada, incapaz de comprender las nuevas reglas del juego. Su falta de visión y de coraje la condena a la irrelevancia. La reconstrucción democrática exige una oposición valiente, dispuesta a romper con los esquemas tradicionales y a liderar la resistencia ciudadana. El futuro del país depende de ello.