La Revolución Francesa, un hito en la historia de la humanidad, nos legó el concepto de soberanía popular, un principio que, durante más de dos siglos, ha resonado en las constituciones de numerosas naciones, incluyendo la nuestra, donde el artículo 39 la consagra como piedra angular de la legitimidad del poder público. Sin embargo, la historia de las ideas políticas, como un río caudaloso, no se detiene y continúa su curso, enriqueciéndose con el paso del tiempo y los sucesos que marcan a la humanidad.

Tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades cometidas por el régimen nazi, amparado paradójicamente en la soberanía popular expresada a través de mayorías parlamentarias, nos dejaron una lección imborrable: incluso las mayorías pueden errar, y el poder, incluso el democráticamente constituido, no está exento de la falibilidad. La maquinaria de horror nazi, sustentada en las Leyes de Nuremberg de 1935, aprobadas por una mayoría legislativa, condujo al exterminio de millones de judíos, un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la democracia sin el contrapeso de la protección de los derechos fundamentales.

A partir de este punto de inflexión histórico, los derechos fundamentales emergen como un baluarte indispensable, una cláusula pétrea, un núcleo intangible – como lo denomina Luigi Ferrajoli – que limita el poder de las mayorías y protege a las minorías. La concepción monolítica del "pueblo" se desvanece, dando paso a la pluralidad, al reconocimiento de la riqueza que reside en la diversidad. Las minorías de hoy pueden ser las mayorías del mañana, y las mayorías, aunque representadas por partidos políticos, no siempre reflejan fielmente las aspiraciones y necesidades de todos los grupos que conforman el tejido social. Nuestras naciones, como la mexicana, son un mosaico vibrante de expresiones culturales, políticas, religiosas, ideológicas y económicas.

En este contexto, el debate intelectual en Europa ha explorado un cambio de paradigma: ¿se ha desplazado la soberanía del pueblo a la Norma Suprema, a la Constitución? ¿Debe todo poder, sin excepción, someterse a los dictados de la ley fundamental y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, independientemente de la voluntad de la mayoría?

Gustavo Zagrebelsky, el reconocido jurista italiano, argumenta que en un Estado plural, con la alternancia propia de los sistemas democráticos, no puede existir una fuerza superior que se imponga sobre las demás manifestaciones de la sociedad. En lugar de una soberanía constitucional, Zagrebelsky propone una Constitución sin soberano, donde todos los actores, sin excepción, se rijan por los principios, valores y directrices de la Carta Magna, asegurando la protección irrestricta de los derechos de todos. Este enfoque, centrado en la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, se presenta como una respuesta a los peligros del poder absoluto, incluso aquel que se reviste con el manto de la voluntad popular. La Constitución, entonces, se convierte en el verdadero garante de la convivencia pacífica y el desarrollo justo en sociedades plurales y complejas. Este debate continúa abierto, y sus implicaciones para el futuro de la democracia son de vital importancia.