La sombra de la incertidumbre se cierne sobre las arcas del Ayuntamiento de la capital potosina. Una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dictaminado el pago de una cuantiosa suma, 44 millones 641 mil 607.91 pesos, a la empresa Corporativo Proyecto Platino S.A. de C.V. Este fallo, que resuena con fuerza en los pasillos del poder municipal, abre un nuevo capítulo en la compleja trama de la gestión urbana y el desarrollo inmobiliario en San Luis Potosí.

El origen del conflicto se remonta a la administración 2018-2021, periodo en el que se otorgó la autorización para la construcción de 45 viviendas a la mencionada empresa. Un proyecto que prometía ser un impulso para la economía local y una oportunidad para las familias potosinas en busca de un hogar. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente con la llegada de Enrique Galindo Ceballos a la presidencia municipal.

La administración de Galindo Ceballos, figura con una trayectoria marcada por su paso por la extinta Policía Federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, frenó en seco la conclusión y comercialización de las viviendas. El argumento esgrimido: la existencia de una falla geológica en el fraccionamiento. Una afirmación que, a la luz de la reciente sentencia, se revela como insuficiente para justificar la paralización del proyecto y los perjuicios ocasionados a la empresa constructora.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sido contundente en su decisión, calificando la actuación del Ayuntamiento como irregular. No solo se reconoce el daño material, cuantificado en la millonaria suma, sino que también se abren las puertas al reconocimiento de daños morales y objetivos. Una decisión que sienta un precedente importante y que pone en relieve la necesidad de una mayor transparencia y rigor en la gestión de los proyectos urbanísticos.

La sentencia, además, establece que el monto deberá actualizarse hasta su completo pago. Esto significa que la cifra final podría ser incluso mayor a la inicialmente estipulada, lo que supone un duro golpe para las finanzas municipales. Un escenario que obliga a la administración de Galindo Ceballos a replantear sus estrategias y a buscar soluciones para afrontar este compromiso económico.

La noticia ha generado un intenso debate en la opinión pública. Mientras algunos sectores aplauden la decisión del Tribunal como un acto de justicia, otros expresan su preocupación por el impacto que este pago tendrá en las arcas públicas. La incertidumbre se mantiene, y la ciudadanía espera con atención las acciones que el Ayuntamiento emprenderá para cumplir con la sentencia y garantizar la estabilidad financiera del municipio. El caso Proyecto Platino se convierte así en un ejemplo paradigmático de los desafíos que enfrentan las administraciones municipales en el delicado equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos de las empresas. Un caso que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días.