La creciente ola de violencia en Ciudad Juárez nos obliga a preguntarnos: ¿qué falla en la estrategia de seguridad? 77 homicidios dolosos en mayo, 404 en lo que va del año, y un inicio de junio que pinta aún más sangriento, con 15 ejecuciones en apenas cuatro días. Las cifras hablan por sí solas, desmintiendo la narrativa de contención que insisten en proyectar tanto el gobierno municipal de Cruz Pérez Cuéllar como el estatal de Maru Campos. Las promesas de ajustes estratégicos del secretario de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, se pierden en el eco de la violencia, sin traducirse en resultados palpables para una ciudadanía atemorizada.

El flagelo del secuestro agrava aún más la crisis. Con 14 carpetas de investigación abiertas en el primer trimestre de 2025, Ciudad Juárez concentra casi el 12% de los plagios a nivel nacional. Y la cifra negra, con al menos 20 eventos registrados en el mismo periodo, dibuja un panorama aún más desolador. Si bien la detención de 57 presuntos secuestradores representaba un avance, la reciente renuncia de Arturo Velasco, ex titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, deja un vacío crítico en la lucha contra este delito. La falta de respaldo institucional que alega Velasco al dimitir, señala la profunda disfunción en las estructuras encargadas de la seguridad, precisamente cuando la ciudad más lo necesita.

La renuncia de Velasco, sumada a la inacción de las autoridades, profundiza la sensación de abandono entre los juarenses. Con una percepción de inseguridad que supera el 58%, según la ENSU, la ciudadanía se siente doblemente victimizada: por la delincuencia que los acecha y por la indiferencia de quienes deberían protegerlos. El silencio de los altos mandos ante esta crisis resulta ensordecedor, alimentando la impunidad y la desconfianza.

A nivel estatal, el panorama es igualmente preocupante. Chihuahua cerró 2024 con más de 2,000 homicidios dolosos, y Ciudad Juárez concentró más de la mitad de estos casos. La impunidad campea a sus anchas: apenas un 10% de los homicidios se resuelven, mientras que un abrumador 76% permanece sin avances. En cuanto a los secuestros, el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, con un incremento alarmante en comparación con años anteriores. Ciudad Juárez, con 149 casos acumulados desde 2018, encabeza la lista de municipios con mayor incidencia, superando incluso a Tijuana y Reynosa. Esta tendencia contrasta con la disminución nacional del delito, revelando una problemática específica en la región que exige atención urgente y soluciones concretas.

La ligera disminución en la percepción de inseguridad registrada a finales de 2024, que se situó en 59.5%, no es motivo de celebración. Sigue siendo una cifra alarmante que refleja el temor constante que se vive en las calles y la desconfianza en las instituciones. La falta de una estrategia integral y efectiva, sumada a la renuncia de figuras clave en la lucha contra el crimen, agrava la crisis y deja a la ciudadanía a merced de la violencia. ¿Hasta cuándo las autoridades asumirán su responsabilidad y ofrecerán respuestas reales a la demanda de seguridad de los juarenses?

Más allá de la inseguridad, otras problemáticas aquejan al país. La licitación de Financiera para el Bienestar para la adquisición de equipo tecnológico, pone en evidencia posibles irregularidades que podrían favorecer a empresas específicas, limitando la libre competencia. A pesar de haber reiniciado el proceso, se repiten las mismas condiciones restrictivas que levantaron sospechas en la licitación anterior, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Mientras tanto, en el ámbito político, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, celebra la gestión de Claudia Sheinbaum, destacando la inversión en programas sociales y la reducción de la pobreza. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la realidad que viven muchos mexicanos, quienes siguen enfrentando dificultades económicas y sociales. Finalmente, el incumplimiento de las aseguradoras, como MetLife México, con sus usuarios, refleja la vulnerabilidad de los consumidores ante prácticas abusivas. Miles de reclamaciones sin resolver evidencian la necesidad de una mayor regulación y supervisión del sector para garantizar la protección de los derechos de los asegurados.