La tranquilidad de Tacámbaro, Michoacán, se vio brutalmente interrumpida en la madrugada del viernes. Un silencio denso, solo roto por el eco de las detonaciones, se apoderó de las calles tras el asesinato del presidente municipal, Salvador Bastida García, y uno de sus escoltas. La escena, grabada a fuego en la memoria colectiva, mostraba la camioneta Ford pick-up doble cabina, color blanco, convertida en un escenario de tragedia. En su interior, yacían los cuerpos sin vida del edil, perteneciente al Partido del Trabajo (PT), y su acompañante, víctimas de una emboscada perpetrada por sujetos armados. Este acto de violencia extrema ha conmocionado a la población y sembrado la incertidumbre en el futuro político del municipio.

El magnicidio no llega de manera aislada. Un oscuro velo de sospechas ya se cernía sobre la administración de Bastida García. Recordemos que en diciembre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) puso la lupa sobre el gobierno municipal de Tacámbaro, incluyendo al propio presidente, por presuntos nexos con el crimen organizado. La FGR, en un comunicado oficial, reveló la existencia de "reuniones habituales" entre funcionarios públicos y un grupo delictivo que opera en la región, encuentros que, según la Fiscalía, tenían "fines delictuosos". Esta información, que en su momento generó un gran revuelo, ahora cobra una nueva y escalofriante dimensión a la luz de los recientes acontecimientos.

La sombra de la corrupción y la criminalidad se extiende aún más en el historial reciente del municipio. Apenas un mes antes de la investigación de la FGR, en noviembre de 2024, el entonces tesorero municipal, Ramón Raudel Campos Murillo, presentó su renuncia de forma abrupta. La razón, según fuentes de seguridad del estado, fue para enfrentar cargos en Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico sexual. Este hecho, que por sí solo representa una grave acusación, se suma a la lista de escándalos que han sacudido a Tacámbaro en los últimos meses.

La sucesión de estos eventos — la renuncia del tesorero por presuntos vínculos con el tráfico sexual, la investigación de la FGR por posibles lazos con el crimen organizado, y ahora el asesinato del presidente municipal — dibuja un panorama desolador y plantea interrogantes cruciales sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder local. ¿Qué grado de infiltración existe en el gobierno municipal? ¿Qué intereses se disputan en Tacámbaro? ¿Hasta dónde llegan las ramificaciones de esta red de corrupción y violencia?

La comunidad de Tacámbaro exige respuestas y justicia. La investigación en curso deberá esclarecer las circunstancias del asesinato de Bastida García y su escolta, así como desentrañar la compleja trama de intereses y complicidades que parece operar en el municipio. La impunidad no puede ser una opción. Es fundamental que las autoridades actúen con celeridad y transparencia para restablecer la confianza ciudadana y garantizar la seguridad de todos los habitantes de Tacámbaro. El futuro del municipio depende de ello. La sociedad michoacana, atenta a los acontecimientos, espera que este trágico suceso marque un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la violencia que azotan a la región.