La creciente ola de inseguridad que azota a nuestro país nos obliga a mirar más allá de las sirenas y las detenciones, a cuestionar el enfoque reactivo que por años ha dominado la política pública. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en su edición 2023, nos muestra una realidad alarmante: la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian, y de los pocos que llegan a instancias judiciales, apenas un puñado culminan en sentencia. Esta cifra, más que un frío dato estadístico, es un grito desesperado que nos exige un cambio de paradigma. No basta con perseguir el delito, debemos prevenirlo desde la raíz.

La prevención, entendida como una intervención estructural en el tejido social, es la verdadera clave para construir un país más seguro. No se trata simplemente de campañas informativas, sino de invertir en las bases que sostienen a una comunidad: educación, cultura, deporte, espacios públicos dignos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha demostrado con estudios contundentes que cada dólar invertido en prevención del delito genera un ahorro de hasta seis dólares en costos asociados a la violencia y la criminalidad. Sin embargo, en México seguimos destinando la mayor parte de nuestros recursos a la reacción, al despliegue de fuerzas policiales y militares, mientras que áreas cruciales como la cultura, el deporte y la atención a la juventud reciben migajas del presupuesto nacional.

La verdadera política de seguridad, la que realmente transforma vidas y comunidades, es aquella que apuesta por el fortalecimiento del tejido social. Las actividades extraescolares, a menudo vistas como un simple complemento, son en realidad poderosas herramientas de contención emocional, formación ética y construcción de identidad. Un joven que encuentra en el arte, la música, el teatro o el deporte un espacio de expresión y desarrollo, tiene una alternativa tangible frente al seductor canto de las organizaciones criminales.

El rescate de los espacios públicos es otra pieza fundamental en este rompecabezas. Jane Jacobs, en su obra seminal "Muerte y vida de las grandes ciudades", nos enseñó que las calles vibrantes, apropiadas por la comunidad, son más efectivas para inhibir el delito que cualquier muro o reja. En un país como México, donde la pobreza urbana es una realidad lacerante, la recuperación de parques, plazas y centros culturales no es un lujo estético, sino una estrategia de supervivencia. Estos espacios se convierten en puntos de encuentro, en catalizadores de la cohesión social, en refugios frente a la desesperanza.

Es imperativo que los gobiernos, en todos sus niveles, trabajen con diagnósticos precisos, identificando los polígonos de pobreza y las zonas de riesgo en cada municipio. La coordinación entre lo municipal, estatal y federal no debe limitarse a operativos conjuntos, sino que debe traducirse en modelos de intervención territorial con un enfoque de derechos humanos y desarrollo social. Como bien señala Byung-Chul Han, "una sociedad sin comunidad es una sociedad sin defensa".

La prevención del delito, en última instancia, comienza donde se reconstruye la comunidad: en el juego compartido, en la educación libre, en el acceso igualitario a la cultura. Donde hay pertenencia, el crimen pierde terreno; donde hay dignidad, el miedo se disipa. La prevención no es una utopía, sino el fundamento de cualquier política pública que aspire a construir un país verdaderamente seguro. La paz no es un subproducto del orden impuesto, sino el resultado de la justicia social convertida en política cotidiana. Es hora de dejar de reaccionar y empezar a construir. Es hora de invertir en la raíz, en la gente, en la comunidad. Es hora de prevenir.