La tragedia ocurrida en diciembre de 2021 en la carretera Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, donde perdieron la vida 56 migrantes, sigue resonando como un grito desgarrador que exige justicia y un cambio profundo en la manera en que abordamos el fenómeno migratorio. Las palabras de los obispos Aguilar Martínez, Sagastume Lemus y González, reunidos en ese mismo lugar de dolor, nos interpelan a todos. No podemos seguir ignorando la criminalización que sufren quienes, empujados por la desesperación, buscan un futuro mejor para sí mismos y sus familias.

La migración no es un delito, es un derecho humano. Un derecho que se ve constantemente vulnerado por políticas migratorias restrictivas, por la corrupción, por la indiferencia y, en muchos casos, por la violencia. Las nuevas políticas implementadas por Estados Unidos, mencionadas por el Obispo Sagastume Lemus, agravan aún más la situación, generando un efecto dominó que repercute con fuerza en países como México y Guatemala, obligados a lidiar con un flujo migratorio cada vez mayor y con recursos limitados.

La pobreza, la marginación y la codicia, como bien lo señaló el Arzobispo González, son las verdaderas causas de este éxodo masivo. Mientras existan estas desigualdades abismales entre países, la migración seguirá siendo una realidad. No podemos simplemente construir muros o implementar medidas represivas, debemos atacar el problema de raíz, generando oportunidades de desarrollo en los países de origen.

La Iglesia Católica, como voz de los más vulnerables, ha asumido un rol fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes. Su labor humanitaria, brindando apoyo, refugio y asistencia legal, es un ejemplo a seguir. Pero la responsabilidad no recae únicamente en las organizaciones religiosas o civiles. Es un deber de todos, de los gobiernos, de las instituciones internacionales y de la sociedad en su conjunto, trabajar por una migración segura, ordenada y regular.

Chiapas, por su ubicación geográfica, se ha convertido en un punto neurálgico de la migración. Miles de personas, provenientes principalmente de Centroamérica, atraviesan este estado con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, a menudo se encuentran con una realidad desoladora: falta de albergues, condiciones insalubres, explotación laboral y la amenaza constante de las redes de tráfico de personas.

La militarización de la frontera, lejos de ser una solución, solo ha contribuido a agravar la crisis. Las detenciones masivas y las deportaciones exprés violan los derechos humanos de los migrantes y los exponen a situaciones de mayor vulnerabilidad.

Es imperativo que se implementen políticas migratorias con enfoque humanitario, que se respeten los derechos de los migrantes, que se combata la corrupción y que se promueva la cooperación internacional para abordar las causas estructurales de la migración. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Las vidas de miles de personas dependen de nuestra capacidad de actuar con justicia y solidaridad. El llamado de los obispos desde Chiapas es un llamado a la conciencia de todos. Es un llamado a construir un mundo más justo y humano, donde la migración sea una opción y no una necesidad desesperada.