La reciente elección federal ha generado una gran expectativa en México, especialmente en el ámbito empresarial. La ciudadanía y el sector privado anhelan un sistema judicial imparcial que garantice la seguridad jurídica, pilar fundamental para la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, casos como el de Philips, la multinacional holandesa, ponen de manifiesto la urgente necesidad de una profunda reforma en el Poder Judicial. La ofensiva legal orquestada por un exdistribuidor, Healthcare Systems, ha resultado en la detención arbitraria del director general de Philips México y el congelamiento de activos, revelando un proceso plagado de irregularidades. Desde acusaciones basadas en medidas precautorias ya derogadas hasta la omisión del debido proceso, el caso Philips exhibe las debilidades del sistema. La campaña mediática paralela, que intenta vincular el conflicto con la calidad de los productos, no hace más que evidenciar la intención de dañar la reputación de la empresa y presionar por un acuerdo económico. La intervención de las embajadas de los Países Bajos y España subraya la gravedad de la situación y su potencial impacto en las relaciones internacionales.

Este caso no es un hecho aislado. Las estadísticas revelan que más del 50% de los asuntos federales en México presentan rezagos significativos, y muchas sentencias quedan sin ejecutar. Esta ineficiencia, sumada a la falta de rigor en algunas decisiones judiciales, no solo perjudica a empresas como Philips, que ha contribuido al sector salud durante décadas, sino que también envía una señal negativa a los inversionistas internacionales. En un contexto de revisión del T-MEC, este tipo de situaciones puede tener consecuencias diplomáticas y económicas devastadoras. México necesita atraer inversión, no ahuyentarla. La persecución legal sin fundamento y las campañas mediáticas difamatorias generan desconfianza en los mercados y debilitan el Estado de derecho. Es crucial que se tomen medidas contundentes para garantizar una justicia transparente, profesional e independiente de intereses particulares. El futuro de México, su crecimiento económico y su estabilidad, dependen de ello. No se trata solo del caso Philips, se trata del futuro del país.

En otro orden de ideas, es importante desmitificar la idea de que estar en el buró de crédito es negativo. Al contrario, la existencia de burós como Círculo de Crédito ha contribuido a fomentar una cultura de pago en México. Gracias al seguimiento del comportamiento crediticio de personas físicas y morales, más del 95% de los mexicanos cumplen con sus obligaciones financieras. La digitalización de estos procesos ha agilizado la obtención de créditos, reduciendo tiempos y trámites burocráticos. Millones de consultas mensuales a las bases de datos de los burós de crédito demuestran la importancia de estas herramientas para el sistema financiero. Círculo de Crédito, en particular, se ha destacado por su nivel de detalle y precisión, lo que lo ha convertido en el buró predilecto de las fintech.

Por otro lado, el sector salud continúa generando controversia. Las empresas Connor Diagnostics y Atlantis Operadora Servicios de Salud, a pesar de su corta trayectoria, han obtenido millonarios contratos con el gobierno. La reciente renovación de contratos con el Hospital Juárez de México, hasta diciembre de 2026, suscita interrogantes sobre los criterios de selección y la transparencia en la adjudicación de estas partidas. Es fundamental que se garantice la competencia y la equidad en el acceso a las licitaciones públicas, priorizando la experiencia y la capacidad de las empresas para brindar servicios de calidad.

Finalmente, el gobierno actual se ha propuesto evitar retrasos en la entrega de libros de texto gratuitos. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ha iniciado la distribución de millones de ejemplares para el próximo ciclo escolar. Sin embargo, aún quedan pendientes algunos contratos de impresión, lo que representa un desafío logístico para asegurar que todos los estudiantes cuenten con el material necesario al inicio del ciclo escolar. La transparencia en la asignación de estos contratos y la eficiencia en la distribución son cruciales para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes mexicanos.