La historia de Lidia, una madre trabajadora que luchaba día a día por el bienestar de sus dos hijos, nos conmueve y nos indigna. Su único "delito" fue buscar un momento de respiro en una fiesta, un escape momentáneo de la extenuante rutina de trabajar los siete días de la semana en una estética. Sin embargo, ese breve instante de libertad se transformó en una pesadilla: fue detenida y procesada por posesión de drogas. Lidia se convirtió en una más de las 19 mil mujeres que pueblan las cárceles del país, atrapadas por delitos menores relacionados con drogas, víctimas de un sistema judicial que a menudo falla en su labor de proteger a los más vulnerables. La deficiencia en la defensa legal, las sentencias desproporcionadas y la falta de recursos para pagar multas, convierten a estas mujeres en presas de un sistema que parece castigar la pobreza más que el delito.

Afortunadamente, en medio de la oscuridad, surge la esperanza. CEA Justicia Social, una organización de la sociedad civil, se ha erigido como un faro de luz para estas mujeres. Desde hace cinco años, trabajan incansablemente, revisando caso por caso, en colaboración con gobiernos estatales y federales, para facilitar el retorno de estas mujeres a sus familias. Su misión es clara: garantizar el acceso a la justicia, la reducción de sentencias y la restitución de los derechos de las mujeres injustamente encarceladas.

Ángela Guerrero, directora de CEA Justicia Social, nos explica en una entrevista exclusiva para El Heraldo de México la magnitud del problema: "Identificamos que en todo el país hay mil novecientas mujeres en prisión por delitos menores de droga; mujeres que portaban una pequeña cantidad de alguna sustancia ilícita, como marihuana, o incluso medicamentos como clonazepam."

El Cefereso 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, se presenta como un centro de readaptación social construido bajo estándares internacionales. Sin embargo, la realidad tras sus muros contrasta con la imagen que proyecta. En los últimos tres años, se han registrado al menos 20 presuntos suicidios, lo que ha dado lugar a seis recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señalan graves problemas como incomunicación, abuso de poder e incluso tortura. Es en este escenario desolador donde CEA Justicia Social, junto con Elementa DDHH, decidieron intervenir.

"Desde diciembre, nos hemos dedicado a identificar a las mujeres del Cefereso 16 que se encuentran en situaciones injustas o con medidas desproporcionadas. Hemos realizado más de 50 entrevistas y hemos constatado que muchas solo han visto a su abogado una vez, justo para recibir la sentencia, y que desconocen los procedimientos jurídicos en los que están inmersas", denuncia Guerrero.

Diversas organizaciones, como Reinserta, han documentado la diversidad de perfiles de las mujeres recluidas en el Cefereso 16. Desde mujeres con largas condenas por delitos graves, hasta aquellas que han caído presas de interpretaciones jurídicas que resultan en penas desproporcionadas. En este contexto, CEA Justicia Social ha implementado un mecanismo de acompañamiento para estas mujeres, en su mayoría madres de familia, que eran el principal sustento de sus hogares.

Los esfuerzos conjuntos de estas organizaciones y los gobiernos estatal y federal ya han dado sus primeros frutos. Cinco mujeres del Cefereso 16 han sido liberadas tras el pago de multas por un total de 40 mil pesos, cubiertos por la asociación Justicia y Dignidad con Libertad A.C. Este logro no solo representa la liberación de estas mujeres, sino también un cambio en la accesibilidad al Cefereso 16, que anteriormente se mantenía "blindado" a cualquier iniciativa externa.

El camino hacia la libertad es largo y complejo. En un sistema donde las mujeres suelen recibir sentencias, en promedio, seis años mayores que los hombres por los mismos delitos, la labor de CEA Justicia Social se vuelve aún más crucial. No se trata solo de detectar los casos y buscar alternativas jurídicas, sino también de recaudar fondos para pagar multas, acompañar a las mujeres en su proceso, restituir sus derechos, como su credencial de elector, y explicarles los procedimientos jurídicos.

La organización se centra en casos donde no hay víctimas directas, como en la posesión simple de drogas sin violencia, y donde el acceso a la justicia se ve obstaculizado por la falta de recursos para pagar las multas, que a menudo no superan los 30 mil pesos.

La historia de Lidia es un ejemplo del impacto de la labor de CEA. Gracias a la recaudación de fondos a través de diferentes iniciativas, incluyendo una campaña en GoFundMe, Lidia recuperó su libertad y se reintegró a su familia. La organización acompañó a Lidia y a Eréndira en sus audiencias y en su regreso a casa, un regreso digno que va más allá de la simple salida del centro penitenciario.

La tarea de CEA no termina con la liberación. Proporcionan acompañamiento jurídico, alojamiento e intentan, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, facilitar la reinserción de estas mujeres a la vida normal. En un país donde las políticas públicas de reinserción social son deficientes, la labor de estas organizaciones se vuelve indispensable para brindar a estas mujeres una segunda oportunidad.