La aparente celebración de una unión matrimonial entre dos adolescentes en la comunidad indígena de San Juanito Yosocani ha desatado una ola de controversia que trasciende las fronteras de la región costeña de Oaxaca. Imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran a Julio César y Jackeline, los jóvenes protagonistas de este evento, inmersos en rituales descritos como "tradicionales" y propios de sus "usos y costumbres". La polémica surge no por la ceremonia en sí, sino por el contexto en el que se desarrolla: un ambiente festivo donde el consumo de alcohol, incluso entre menores de edad, parece estar no solo permitido, sino alentado.

El "Baile de la Calabaza", un rito central en esta celebración, se convierte en el preámbulo para la entrega y consumo inmediato de bebidas alcohólicas, tanto para adultos como para niños y adolescentes. La escena, documentada en video, muestra a los jóvenes, animados por los adultos presentes, participando activamente en la danza y posteriormente recibiendo bebidas alcohólicas y refrescos. Este hecho ha desatado la indignación de muchos, quienes argumentan que estas prácticas vulneran los derechos y la protección de la infancia y adolescencia.

La controversia se intensifica con el audio del video, donde se escucha la voz de un animador que, consciente de la posible repercusión de las imágenes, solicita al camarógrafo que no difunda el material para evitar críticas. Paradójicamente, en esa misma intervención, reconoce abiertamente que se les ha proporcionado alcohol a los menores. Este detalle no ha hecho más que alimentar el debate público sobre la delgada línea entre el respeto a las tradiciones culturales y la protección de los derechos fundamentales de los niños.

La comunidad de San Juanito Yosocani, perteneciente al distrito de Jamiltepec, se caracteriza por altos índices de marginación y rezago educativo. Sus habitantes defienden estas prácticas argumentando que forman parte integral de sus costumbres y tradiciones ancestrales, transmitidas de generación en generación. Sin embargo, esta defensa choca frontalmente con la legislación vigente en el estado de Oaxaca. El artículo 147 del Código Civil establece claramente que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. A pesar de esta norma, en diversas comunidades de la región costeña y de la Mixteca, el matrimonio infantil continúa siendo una realidad, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad para las niñas y adolescentes.

La situación plantea un complejo dilema: ¿cómo equilibrar el respeto a la diversidad cultural con la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos más vulnerables? ¿Es posible conciliar las tradiciones ancestrales con los derechos fundamentales de la infancia? El caso de San Juanito Yosocani pone de manifiesto la necesidad de un diálogo profundo y constructivo que involucre a las autoridades, a las comunidades indígenas y a la sociedad en su conjunto, para encontrar soluciones que garanticen el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, sin menoscabo de su identidad cultural. La erradicación del matrimonio infantil y la protección de la infancia deben ser prioridades ineludibles, y la educación y el desarrollo social son las herramientas clave para lograr un cambio real y duradero en estas comunidades. El debate está abierto, y la búsqueda de soluciones justas y equitativas es un imperativo moral.