La tarde del 4 de junio quedará marcada en la memoria colectiva de Hueyotlipan, Tlaxcala, tras la impactante fuga masiva de un centro de rehabilitación ubicado a escasos metros de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Un video, difundido recientemente, muestra la desesperación de los internos, en su mayoría jóvenes, escapando del lugar que, según denuncias, era escenario de malos tratos. Las imágenes, crudas y conmovedoras, revelan cómo algunos de ellos, en un acto de valentía o quizás de pura desesperación, se lanzan desde el segundo piso del edificio, una altura superior a los tres metros, arriesgando su integridad física con tal de alcanzar la libertad.

La escena nos confronta con la precariedad de las condiciones en las que se encontraban estas personas. Imaginemos por un momento el nivel de sufrimiento que deben haber experimentado para tomar una decisión tan drástica. Saltar desde esa altura, sin importar las posibles consecuencias, nos habla de una situación límite, de una necesidad imperiosa de escapar de un entorno que, en lugar de brindar rehabilitación y apoyo, se convertía en una fuente de angustia y dolor.

La incertidumbre aún rodea el incidente. Desconocemos el número exacto de fugados y si alguno sufrió lesiones a consecuencia de la caída. Sin embargo, la sola imagen de los jóvenes saltando al vacío es suficiente para cuestionarnos la efectividad y la ética de este centro de rehabilitación. ¿Qué tipo de atención recibían estos jóvenes? ¿Estaban realmente encaminados hacia la recuperación o, por el contrario, eran sometidos a tratos inhumanos que los empujaron a un acto tan desesperado?

Este hecho pone en relieve la urgente necesidad de una mayor supervisión y control de los centros de rehabilitación en nuestro país. No podemos permitir que estos espacios, destinados a la recuperación y reinserción social, se conviertan en centros de tortura y abuso. Es indispensable garantizar que las personas que buscan ayuda en estos lugares reciban un trato digno y respetuoso, con acceso a atención médica y psicológica adecuada.

Añade a la gravedad de la situación el hecho de que, según trascendió, las autoridades sanitarias de Tlaxcala ya habían clausurado el centro días antes de la fuga, debido a diversas irregularidades, incluyendo denuncias por golpes y mala alimentación. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es posible que un centro clausurado continuara operando? ¿Qué falló en los mecanismos de control y vigilancia? ¿Quién es responsable de esta negligencia que puso en riesgo la vida y la integridad de estas personas?

Los vecinos, testigos silenciosos del sufrimiento que se ocultaba tras los muros del centro, habían expresado previamente su preocupación por los constantes ruidos de golpes y gritos que provenían del interior. Sus quejas, al parecer, no fueron escuchadas o, al menos, no se actuó con la prontitud necesaria para evitar esta lamentable situación.

La fuga masiva de Hueyotlipan no es un caso aislado. Es un síntoma de un problema más profundo que afecta a muchos centros de rehabilitación en México. Es un llamado a la reflexión y a la acción. Necesitamos una revisión exhaustiva de las normas y procedimientos que rigen estos centros, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. Solo así podremos garantizar que las personas que buscan ayuda para superar sus adicciones encuentren un camino hacia la recuperación en un entorno seguro y respetuoso. El futuro de estos jóvenes, y de muchos otros en situaciones similares, depende de ello.