El silencio ensordecedor de las urnas resonó más fuerte que cualquier proclama triunfalista. Nueve de cada diez ciudadanos, con su abstención o con la deliberada anulación de sus votos, lanzaron un mensaje inequívoco: un rechazo rotundo a la farsa electoral que pretendía legitimar la designación de jueces, magistrados y ministros. El 9.8% de participación efectiva, un dato que se graba a fuego en los anales de la historia electoral federal, no es solo una cifra, es una sentencia. Una condena al oficialismo que, con arrogancia, buscó endosar a la ciudadanía la responsabilidad de desmantelar el sistema judicial y entregar el último bastión del poder a Morena. Un fracaso democrático, sin duda, pero una victoria política para el Gran Elector que, desde su autoimpuesto aislamiento en Palenque, emerge sonriente para celebrar el trabajo de “la mejor presidenta del mundo”.

La sonrisa del poder oculta la venganza consumada contra la Suprema Corte. La salida de los ministros independientes, la permanencia de los incondicionales y la llegada de los “palomeados” dibujan un escenario sombrío para el equilibrio de poderes. Los resultados, calcados de los “acordeones oficiales”, revelan la manipulación del proceso. El comité de evaluación, controlado por el incondicional Arturo Zaldívar, allanó el camino para las propuestas del Ejecutivo. ¿Cómo explicar si no el triunfo de Hugo Aguilar, un abogado prácticamente desconocido fuera del sureste, sobre figuras como las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, quienes invirtieron cuantiosos recursos en propaganda? La respuesta está en la cercanía de Aguilar con López Obrador, evidente en su papel como responsable de las consultas “a modo” realizadas con los pueblos indígenas para avalar proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. La declaración de la presidenta, anhelando otro Benito Juárez en la Corte, fue la señal definitiva para la operación electoral que catapultó al abogado mixteco al primer lugar de los “acordeones”.

La jugada maestra de AMLO desde Palenque: desviar la atención hacia el ministro indígena, convirtiéndolo en el centro del debate, eclipsando la farsa que está desmantelando la división de poderes. El silencio cómplice de muchos ante este atropello a la democracia es alarmante. El regreso del control de los procesos electorales a Palacio Nacional completa la pinza antidemocrática. Desde las instrucciones de la presidenta sobre cómo votar hasta su intervención en la defensa de los triunfos de Morena en Durango y Veracruz, todo apunta a un mismo objetivo: la concentración del poder.

El INE, reducido a la irrelevancia, espera la estocada final: la reforma que busca eliminarlo como árbitro electoral, desaparecer a los plurinominales y consolidar el control absoluto del poder. Ante este panorama desolador, la pregunta es: ¿qué nos queda? ¿Resignarnos a la imposición de una voluntad única o alzar la voz para defender los principios democráticos que con tanto esfuerzo se han construido? El futuro del país se juega en la respuesta que demos a esta interrogante. No podemos permitir que el silencio se convierta en cómplice de la destrucción de nuestras instituciones.