México se encuentra en un momento crucial de reflexión tras un proceso electoral sin precedentes: la elección popular de sus autoridades judiciales. Un experimento democrático que ha generado un intenso debate nacional e internacional, atrayendo la atención de organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA). El reciente informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA, si bien reconoce la complejidad y el carácter polarizante del proceso, lanza una advertencia que resuena con fuerza: ¿es este modelo, único en el mundo, el camino correcto para fortalecer la justicia mexicana? La OEA, con cautela diplomática, se abstiene de dar un veredicto definitivo, pero su recomendación es clara: no replicar este modelo en otros países de la región, al menos no sin una profunda evaluación.

Este llamado a la pausa y a la reflexión no es una condena, sino una invitación a un análisis exhaustivo. La OEA, con la experiencia acumulada en la observación de procesos electorales en diversas latitudes, pone el dedo en la llaga al cuestionar si la elección popular de jueces contribuye a la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial, o si, por el contrario, la debilita. Un interrogante que debe ser respondido no desde la trinchera política, sino desde la perspectiva de la construcción de un sistema judicial sólido y confiable.

El informe de la OEA no se limita a la crítica, sino que ofrece una hoja de ruta para el futuro. Sus recomendaciones técnicas, aunque específicas, apuntan a la necesidad de un proceso más robusto y transparente. Desde la ampliación de los plazos para el diseño e implementación del sistema de cómputos, hasta la incorporación de mecanismos complementarios de digitalización de actas, la OEA subraya la importancia de la planificación y la anticipación para evitar las fallas que empañaron la reciente elección. La sugerencia de una infraestructura híbrida para el manejo de la información, combinando la nube con soluciones físicas, es un llamado a la prudencia y a la diversificación tecnológica, para evitar la dependencia de un solo proveedor y garantizar la continuidad operativa ante posibles contingencias.

La recomendación de realizar simulacros con boletas reales, antes de la jornada electoral, revela la preocupación por la fidelidad del proceso y la necesidad de prepararse para las condiciones reales de la votación. No se trata de un mero tecnicismo, sino de una garantía para la confianza ciudadana.

La OEA, con su informe preliminar, ha lanzado un reto a México: evaluar con honestidad y rigor el modelo de elección popular de jueces. Un debate que debe trascender la polarización política y centrarse en la búsqueda de un sistema judicial que responda a las necesidades de la sociedad y garantice el Estado de Derecho. La experiencia mexicana, con sus luces y sombras, se convierte en un caso de estudio para la región y para el mundo, un recordatorio de que la innovación democrática debe ir acompañada de la reflexión y la evaluación constante.