La sombra del acero y el aluminio se cierne sobre el sector de la construcción en Chiapas. El eco del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el incremento del 25% en el arancel al aluminio, resuena con fuerza en el sur de México, amenazando con desestabilizar los cimientos de un sector crucial para el desarrollo económico del estado. En medio de esta incertidumbre, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, emerge como la voz de la cautela y la esperanza. Desde su trinchera, lidera las negociaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en una carrera contrarreloj para mitigar el impacto de esta medida proteccionista.

La preocupación no es infundada. El aluminio es un componente esencial en la fabricación de la varilla, el esqueleto de acero que sostiene las estructuras de concreto en incontables obras públicas y privadas. Un incremento en el costo de este material básico se traduciría inevitablemente en un aumento en los precios finales de la construcción, afectando no solo a las empresas del sector, sino también al bolsillo de los chiapanecos que aspiran a una vivienda digna o que se benefician de la infraestructura pública. El fantasma de la inflación se asoma, amenazando con erosionar el poder adquisitivo y frenar el desarrollo de proyectos vitales para el estado.

Tamayo Carboney, con la experiencia que le otorga su liderazgo en la CMIC, se muestra optimista, aunque prudente. Apunta a la exportación de excedentes de aluminio por parte de México como una posible válvula de escape. Si las negociaciones con las autoridades estadounidenses fructifican, este excedente podría convertirse en una herramienta estratégica para amortiguar el golpe del arancel y mantener a flote la industria de la construcción en Chiapas. La diplomacia y el diálogo se convierten, en este contexto, en las herramientas más valiosas para proteger los intereses del sector y de la economía chiapaneca.

Pero la batalla no se libra únicamente en el frente internacional. En el ámbito local, Tamayo Carboney destaca la importancia de la reforma que se gesta en el Congreso de Chiapas, una modificación legislativa que, tras más de una década de estancamiento, busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos destinados a la obra pública. Esta reforma, en palabras del líder empresarial, representa un paso fundamental hacia una gestión más eficiente y responsable de los recursos, un anhelo largamente esperado por la sociedad chiapaneca.

Entre los puntos clave de esta reforma se encuentra la instrucción a los ayuntamientos para que cumplan con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública. Este artículo establece la conformación de comités de obra con participación ciudadana, incluyendo representantes de la CMIC. La inclusión de la sociedad civil en estos comités no solo fortalece la transparencia, sino que también permite una mayor fiscalización de las obras y una mejor asignación de los recursos. Se trata, en definitiva, de un paso crucial hacia la democratización de la obra pública y la construcción de un Chiapas más próspero y equitativo. La mirada de la CMIC, bajo el liderazgo de Tamayo Carboney, se enfoca en el futuro, buscando no solo sortear las dificultades del presente, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible y participativo del sector de la construcción en Chiapas. El camino está trazado, y la esperanza, a pesar de los desafíos, se mantiene firme.