Un nuevo capítulo se escribe en la historia de 82 familias de la Gustavo A. Madero. La entrega de estos departamentos, más que una simple asignación de viviendas, representa la concreción de un sueño, la promesa de un futuro más estable y la llave a una vida digna. Imaginen las risas, los momentos compartidos, las historias que se tejerán dentro de esos muros. Ventanas que enmarcarán nuevos amaneceres, puertas que se abrirán a la esperanza. Este no es solo un logro para estas familias, sino un testimonio del compromiso del gobierno con la justicia social y el derecho a la vivienda.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sido enfática: una vivienda no es una mercancía, es un derecho fundamental. Y con estas acciones, se materializa esa convicción. Se está construyendo no solo un conjunto habitacional, sino una comunidad, un espacio donde las familias puedan echar raíces y prosperar. La ubicación, en la colonia Campestre Aragón, sobre un terreno que antes albergaba un taller mecánico, simboliza la transformación, la capacidad de convertir espacios en oportunidades, de construir futuro sobre los cimientos del pasado.

El llamado a agilizar los trámites para este tipo de desarrollos es crucial. La voluntad política debe traducirse en acciones concretas, en procesos eficientes que permitan a más familias acceder a una vivienda digna sin las trabas burocráticas que a menudo obstaculizan el progreso. La disponibilidad de recursos y la voluntad política deben ir de la mano para que proyectos como este se multipliquen en la ciudad.

Es importante destacar el modelo de desarrollo urbano que impulsa este proyecto. La compra de suelo planificado con presupuesto público, la garantía de acceso a servicios básicos, transporte y espacios públicos, son elementos clave para construir una ciudad más equitativa e inclusiva. No se trata solo de entregar viviendas, sino de crear entornos propicios para el desarrollo integral de las familias.

El proyecto, que comenzó a gestarse hace más de una década, es un ejemplo de perseverancia y compromiso. Superar obstáculos como la pandemia, que detuvo la obra durante un tiempo, demuestra la firme convicción de llevar a buen término esta iniciativa. Hoy, 330 personas, entre ellas niños, jóvenes y adultos mayores, se benefician de este esfuerzo colectivo, habitando departamentos de aproximadamente 60 metros cuadrados.

La inversión, una combinación de recursos públicos y el aporte de los beneficiarios, refleja la corresponsabilidad en la construcción de una ciudad mejor. Cada peso invertido representa una apuesta por el futuro, por el bienestar de las familias y por el desarrollo sostenible de la ciudad. Además, la incorporación de calentadores solares y sistemas de captación de agua de lluvia demuestra el compromiso con el medio ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable.

La meta de construir 10 mil viviendas nuevas y realizar 20 mil acciones de mejoramiento habitacional para el 2025 es ambiciosa pero alcanzable. Es una muestra de la visión de un gobierno que busca garantizar el derecho a la vivienda para todos sus habitantes. Una ciudad donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho garantizado, es una ciudad que avanza hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Este es el camino hacia una ciudad solidaria, una ciudad de derechos, una ciudad donde todos tengan la oportunidad de construir un hogar y un futuro mejor.