La indignación recorre las calles de la Ciudad de México tras los lamentables actos de violencia y vandalismo perpetrados durante la marcha de la CNTE. Imágenes impactantes circulan en redes sociales y noticieros, mostrando un panorama desolador: fachadas pintarrajeadas con consignas cargadas de frustración, vidrios rotos que reflejan la tensión del momento, y mobiliario urbano destrozado que silencia el habitual bullicio de la capital. Estos actos, lejos de impulsar el diálogo y la búsqueda de soluciones, siembran la discordia y alejan la posibilidad de un entendimiento entre las partes. La Secretaría de Gobernación ha alzado la voz, repudiando enérgicamente estos hechos y haciendo un llamado a la reflexión y a la paz. Es crucial recordar que la violencia nunca ha sido el camino para alcanzar la justicia social.

El clamor por mejoras en el sistema educativo es legítimo y comprensible. Maestros y maestras dedican su vida a la noble labor de formar a las futuras generaciones, y sus demandas merecen ser escuchadas y atendidas con la seriedad que corresponde. Sin embargo, la vía de la destrucción no construye, sino que destruye, no solo el patrimonio público, sino también la confianza en el diálogo y la posibilidad de alcanzar acuerdos que beneficien a todos. Es imperativo que la CNTE reconsidere sus métodos de protesta y apueste por el diálogo constructivo, la negociación pacífica y la búsqueda de soluciones conjuntas.

La afectación a los habitantes de la Ciudad de México es innegable. El vandalismo no solo genera un ambiente de inseguridad y temor, sino que también perjudica directamente a la ciudadanía. El cierre de calles, la interrupción del transporte público y el daño a la infraestructura urbana impactan negativamente en la vida cotidiana de miles de personas que nada tienen que ver con el conflicto magisterial. Es fundamental que la CNTE asuma la responsabilidad de sus actos y comprenda que la lucha por sus derechos no debe transgredir los derechos de los demás.

El ataque a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar es particularmente preocupante. Este acto no solo representa un ataque al patrimonio público, sino también una agresión directa a los programas sociales que benefician a millones de mexicanos en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que, en la búsqueda de mejoras para el sector educativo, se atente contra la población más necesitada? Es un contrasentido que socava la legitimidad de las demandas y aleja la posibilidad de encontrar soluciones que beneficien a todos.

La Secretaría de Gobernación ha reiterado su disposición al diálogo y la negociación. La puerta está abierta para encontrar soluciones conjuntas que atiendan las demandas magisteriales y fortalezcan el sistema educativo. Es hora de dejar atrás la violencia y la confrontación, y apostar por la construcción de un futuro mejor para todos los mexicanos. La educación es la base del progreso y el desarrollo, y solo a través del diálogo y la colaboración podremos construir un sistema educativo justo, equitativo y de calidad. El futuro de México está en nuestras manos, y es nuestra responsabilidad construirlo sobre la base del respeto, la paz y la justicia social.